De 2020 a 2027 el gobierno de México deberá pagar un monto estimado de tres mil 149 millones 662 mil pesos por concepto de pagos de Capital, IVA e intereses por el avión presidencial, a pesar de la terminación anticipada del contrato a 15 años para su arrendamiento con el Banco Nacional de Obras y Servicio Públicos (Banobras).
De acuerdo con cifras proporcionadas por Banobras, hasta el 2027 se deberán pagar dos mil 351 millones 969.6 mil pesos por Capital e IVA, además de 797 millones 692.6 mil pesos adicionales para cubrir los intereses generados por el Proyecto de Inversión 12071320003 para la adquisición de la aeronave de transporte estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor (TP-01).
En 2012, Banobras y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), como arrendador, arrendatario y usuario, respectivamente, celebraron un contrato de arrendamiento financiero a un plazo de 15 años, por un monto iniciar de tres mil 332 millones 971 mil 400 pesos para la adquisición del Avión Presidencial, su equipamiento y otros equipos de apoyo para su operación.
Al inicio de su sexenio, Andrés Manuel Lopez Obrador decidió no utilizar el TP-01 y se inició su proceso de venta, ordenando el 3 de diciembre de 2018 su traslado al aeropuerto de Victorville, California, en los Estados Unidos, para ser resguardado hasta su venta. Para esta operación, la Sedena celebró un contrato de adjudicación directa con The Boeing Company, fabricante del 787-8, con un techo presupuestal de 29 millones 500 mil pesos para mantenimiento y preservación.
Sin embargo, el contrato se formalizó hasta el 27 de diciembre, por lo cual, pasaron 24 días naturales sin instrumento jurídico alguno que justificara y soportara su traslado y permanencia en los Estados Unidos, dijo la ASF.
