La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció la suspensión inmediata de Servicios Aéreos del Altiplano y Rotor Flight Services, operador y taller de mantenimiento del helicóptero Agusta matricula XA-BON, accidentado el 24 de diciembre de 2018 y en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Marta Érika Alonso, su esposo Rafael Moreno Valle y tres personas más.
“Se iniciarán auditorías técnicas y administrativas integrales a las empresas, suspendiendo temporalmente sus operaciones hasta contar con el resultado de auditorías referidas, para tomar las acciones definitivas”, expresó Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT.
Tras la conclusión del Dictamen Final del accidente, las autoridades encontraron que dentro del actuador lineal había dos pequeños tornillos sueltos, lo cual provocó un mal funcionamiento de este componente.
Ante esto, la causa probable del accidente fue la “pérdida de control del helicóptero debido a un alabeo repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto al mando provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno”, señaló la comisión investigadora.
Uno de los factores contribuyentes de este accidente fue la decisión inadecuada del taxi aéreo y de la tripulación de realizar vuelos, aún cuando tenían conocimiento de un mal funcionamiento intermitente del actuador lineal de alabeo del sistema de aumento de estabilidad.
También se enlistaron como factores contribuyentes a las prácticas de operaciones, mantenimiento y despacho inadecuadas por parte del taxi aéreo y de la empresa que proporcionaba el servicio de mantenimiento, así como una inadecuada cultura de seguridad operacional del taxi aéreo y una deficiente supervisión de mantenimiento y operación del helicóptero y de las empresas que lo manejan por parte de las autoridades de la ahora extinta Dirección General de Aviación Civil.
La SCT informó que en el transcurso de estos meses multó con más de 300 mil pesos a las empresas operadoras del helicóptero. Añadió que los resultados de la investigación serán referidos a la Fiscalía General de la República para los efectos jurídicos procedentes por tratarse de una investigación de carácter federal.
