El Ministerio de Consumo de España impuso una multa a varias aerolíneas lo que ha vuelto a poner en el centro del debate los llamados ingresos secundarios. El caso más destacado es el de Ryanair, que deberá pagar 108 millones de euros (mde), de los 179 mde con los que el Ministerio ha sancionado a 5 compañías.
Entre los motivos, destaca el cobro por servicios que el regulador considera básicos, como llevar equipaje de mano en cabina, reservar asientos contiguos para padres con hijos menores o imprimir tarjetas de embarque en el aeropuerto.
En los últimos años, las aerolíneas han encontrado en los ingresos secundarios una importante fuente de financiación. Estos ingresos provienen de servicios que no están incluidos en el precio del boleto. Las aerolíneas pueden mantener los precios de los boletos aparentemente bajos porque los ingresos secundarios crecen a un ritmo superior al de los provenientes de las operaciones de transporte. Este año ingresarán globalmente unos 350,000 millones de dólares (mdd) sólo por facturación de equipaje, la mitad de los ingresos totales.
No todos estos servicios son opcionales, ni todos se presentan de forma clara al consumidor. Los cargos pueden ser obligatorios, sorpresivos, depredadores o fraudulentos.
Los reguladores critican la inclusión de costes adicionales durante el proceso de compra de manera poco transparente, lo que puede incrementar el precio final del billete hasta el doble de lo anunciado inicialmente.
En Estados Unidos, un subcomité del Senado ha denunciado estas prácticas, señalando a aerolíneas como Delta, por la falta de transparencia en los precios publicados. Según los legisladores, esta opacidad dificulta la comparación entre ofertas y reduce la competencia.
El principal grupo de presión del sector aéreo en Estados Unidos: Airlines for America (A4A) ha rechazado las críticas del Senado, pues asegura que los ingresos secundarios permiten a las aerolíneas ofrecer boletos más baratos y dar a los pasajeros la posibilidad de personalizar su experiencia de viaje.
El Parlamento Europeo ha comenzado a estudiar la posible regulación de las llamadas tarifas basura, no solo en el sector de la aviación, sino en otras industrias donde se aplican este tipo de cargos. Asegura que el consumidor puede percibirlas como engañosas.
El desafío para los reguladores es entre la protección y encontrar un equilibrio de los derechos de los consumidores y la necesidad de las aerolíneas de operar con flexibilidad. Algunas de las posibles soluciones que se están discutiendo incluyen:
Transparencia obligatoria en los precios: es decir, exigir a las aerolíneas que muestren el precio total del boleto desde el inicio del proceso de compra, incluyendo todos los costes obligatorios.
Regulación de los cargos basura: Definir qué cargos adicionales pueden considerarse opcionales y cuáles deben estar incluidos en el precio base.
Establecer reglas para evitar que los precios varíen de forma excesiva o poco predecible durante el proceso de compra.
En Estados Unidos, la Administración Biden ha impulsado medidas para aumentar la transparencia en los precios de los servicios, incluida la aviación. En Europa, el debate continúa en el seno del Parlamento y los organismos nacionales de consumo.
El resultado de este debate tendrá implicaciones significativas tanto para las aerolíneas como para los pasajeros. Por un lado, una regulación más estricta podría limitar la capacidad de las aerolíneas para generar ingresos secundarios, lo que podría traducirse en un aumento de los precios de los boletos.
Por otro lado, garantizar una mayor transparencia, beneficiaría a los consumidores, que tendrían más información para tomar decisiones.
Las compañías tendrán que intentar adaptarse a las nuevas normativas sin perder competitividad. Esto podría implicar rediseñar sus modelos de negocio para obtener nuevos ingresos.
En este escenario, la transparencia y la claridad en la comunicación de precios serán fundamentales para restablecer la confianza de los pasajeros.
Al mismo tiempo, será crucial que las nuevas normativas no comprometan la sostenibilidad económica de las aerolíneas. Mientras tanto, el debate continúa, y las compañías aéreas seguirán bajo la lupa de los reguladores.
