Como último acto de gobierno, la administración de Enrique Peña Nieto –a través del encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elias Beltrán, y el subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez– presentó ante el Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales una solicitud de desistimiento de las órdenes de aprehensión para Gastón Azcárraga Andrade, por delitos previstos en la Ley de Mercado de Valores. Esto podría liberar al empresario de la justicia e impediría que fuera juzgado y sentenciado.
Se presume que dicha solicitud –presentada en la causa penal número 47/2014– se perpetró horas antes de que el ahora expresidente entregara la banda presidencial a su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, aprovechando el cambio de gobierno.
Los funcionarios de PGR pasaron por alto una resolución dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal, emitida el 12 de julio pasado y donde se reconoció el carácter de víctimas tanto a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México como al Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS).
Por lo anterior, la Procuraduría viola los derechos fundamentales de los trabajadores de la extinta aerolínea.
Recordemos que en el mencionado fallo de julio, el Sexto Tribunal negó el amparo a la defensa de Azcárraga por delitos imputados al empresario, relacionados con faltas a la Ley del Mercado de Valores.
Al empresario se le acusa de difundir información falsa al público inversionista y de omitir dar a conocer un evento relevante, es decir, el cese de operaciones de la aerolínea en agosto de 2010.
En aquella ocasión, el juzgado se pronunció en favor del cumplimiento de las órdenes de aprehensión en contra del empresario, evitando así la posibilidad de un recurso de revisión dado que la atracción del caso ya había sido rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del 24 de octubre de 2014.
