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08/12/2019

Piden que la SCJN intervenga en litigio por Santa Lucía

Redacción A21 / Martes, 8 Octubre 2019 - 16:34

El colectivo #NoMasDerroches solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el litigio que mantiene con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el fin de ampararse en contra de la anulación de una de las suspensiones definitivas contra el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía dictada el día de hoy.

El colectivo busca que a través del ejercicio de la facultad de atracción, la SCJN se pronuncie al respecto de si se debe o no suspender el inicio de obras públicas de gran importancia cuando éstas no cumplen con los requisitos legales; determinar si el Poder Judicial está facultado para proteger a la Hacienda Pública y cuidar los presupuestos; y por último si se privilegiará la seguridad nacional en obras públicas sobre otros factores de la sociedad. Asimismo, marcaría la pauta de actuación del Poder Judicial de la Federación ante cualquier otro proyecto de infraestructura.

Por medio de un comunicado, el grupo expresó su descontento ante la resolución del juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, luego que éste admitiera que la Secretaría de la Defensa (Sedena) tiene razón en señalar que los amparos vulneran la seguridad nacional.

“Hay mucho en juego, tanto en el ámbito del desarrollo económico como en la construcción de un verdadero Estado de Derecho para nuestro país. Es por eso que debe ser la Suprema Corte la que decida este trascendental asunto”, marca el documento. 

Después de esta petición, el grupo solicitará la facultad de atracción de la SCJN del recurso que interpondrán contra la revocación anunciada hoy; si bien el fallo aún es apelable, el colectivo considera que la resolución se tomó por “presiones del Ejecutivo e irregularidades en las decisiones de jueces y magistrados”. 

En el documento, #NoMasDerroches explica que el proyecto aeroportuario no cuenta con estudios en materia de seguridad aérea y factibilidad aeronáutica, además de que no establece análisis costo-beneficio, de impacto arqueológico-cultural ni de impacto social.

Por tal motivo, ante un proyecto de esta magnitud debería contar con todos los estudios y permisos previo a su construcción, explicó el colectivo.

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