La senadora Citlalli Hernández Mora, del partido Morena, presentó ante el Senado de la República un punto de acuerdo en el que exhorta a la Secretaría de Gobernación (Segob) a convocar y coordinar mesas de trabajo para resolver el conflicto de Mexicana de Aviación.
El punto de acuerdo se suma al realizado por las legisladoras Blanca Estela Piña y Citlalli Mora el pasado 19 de agosto, en el que solicitaron reponer la autorización de operación de los almacenes fiscalizados de Mexicana de Aviación hasta 2025 y se traslade su titularidad a los empleados de la extinta aerolínea.
Ante ello, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA de México, agradeció el apoyo brindado por las congresistas, esperando un encuentro en la dependencia gubernamental.
“Esperamos que a través de la Secretaría de Gobernación se convoque al análisis de este caso con un criterio amplio de justicia social y que justo a 10 años de iniciado este conflicto, por fin encontremos voluntad política para hacer justicia y para que los trabajadores sean liquidados conforme a derecho”, aseguró el capitán Rafael Díaz Covarrubias, Secretario General del sindicato.
De acuerdo con el gremio, los extrabajadores de Mexicana han exigido el pago justo de su liquidación por medio de la venta de los activos que aún le pertenecen a la aerolínea, sin embargo, estos han perdido su valor con el paso de los años o su licencia ha sido revocada por parte de las autoridades.
Tal es el caso de los almacenes fiscalizados, los cuales recibieron una notificación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que revoca la concesión a Mexicana.
Otra unidad de negocios es el MRO, no obstante ASPA señala que una cláusula del Fideicomiso obliga al taller a pagar cerca de 501 millones de pesos a Banorte y Tenedora K (dueños de Nuevo Grupo Aeronáutico), lo que imposibilitaría su venta.
Respecto a la cancelación de la orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga, el Capitán Rafael Suárez, Presidente de la Delegación de pilotos de Mexicana en ASPA, comentó:
“Es una injusticia que el artífice de la desgracia de 8,600 familias pueda gozar de la libertad impunemente mientras los trabajadores hemos padecido diez años buscando justicia”.
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