Desde el 18 de enero, dos días antes de que Donald Trump asumiera el cargo de presidente de los Estados Unidos, y hasta el 7 de febrero, la Administración Federal de Aviación (FAA) no había publicado nuevas directivas de aeronavegabilidad (AD por sus siglas en inglés), lo que supuso una ventana de tres semanas en las que las operaciones aéreas en territorio estadounidense estuvieron en riesgo por posibles averías o fallas en la basta flota de aeronaves que conforman la aviación comercial de ese país.
Y todo en aras de cumplir una promesa de campaña del entonces candidato, quien se propuso combatir las regulaciones federales al considerarlas “una carga para los negocios”.
El mismo día de la toma de posesión de Trump, Reince Priebus, Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, emitió un memorando interno en el que instó a todas las ramas de la administración federal a interrumpir e incluso revertir cualquier emisión de regulaciones.
Esto provocó que varias directivas gubernamentales, legado del gobierno de Barack Obama, fueran retiradas del Registro Federal, incluyendo dos normativas concluidas de la FAA que fueron publicadas semanas antes de que Trump tomara el poder, de acuerdo con un reporte de CNN.
Para el 30 de enero, el presidente Trump formalizó el decreto de paro regulatorio por 60 días, así como una restricción a las agencias gubernamentales para que, por cada nueva regulación que quisieran implementar, dieran de baja dos ya existentes.
Estas medidas pusieron en aprietos a la FAA en su papel de salvaguarda de la aviación civil en los Estados Unidos.
Como es sabido, una autoridad aérea emite una AD cuando se ha determinado que existe una condición insegura en un producto aeronáutico, como resultado de una deficiencia o defectos de diseño en alguno de sus dispositivos, entre ellos motores, hélices, partes del fuselaje o equipos e instrumentos de radiocomunicación o de navegación.
Es decir, sin la constante actualización de estas normativas, la seguridad operacional de ciertas aeronaves puede verse comprometida.
Cabe señalar que, tanto en el memorando como en el decreto presidencial, la administración Trump contempló algunas excepciones al paro regulatorio para “situaciones de emergencia u otras circunstancias urgentes relacionadas con asuntos de salud, prevención de accidentes, financieros o de seguridad nacional”.
Un reporte de AIN también señala que directivos de la FAA, en conjunto con miembros de la industria, siguen de cerca las consecuencias de esta medida, como una forma de anticipar “cuellos de botella” burocráticos que dificulten la aplicación de algunas normas críticas, por ejemplo, las circulares consultivas, que contienen las guías para los procesos de certificación de componentes aeronáuticos.
Por el momento, parece que la situación ha vuelto a la normalidad, ya que el 6 de febrero la FAA presentó cuatro directivas de aeronavegabilidad finalizadas (tres relativas a Boeing y una al fabricante de aeronaves civiles, Piper Aircraft), que fueron aceptadas en el Registro Federal al día siguiente.
