
A principios de esta semana en la “conferencia mañanera” la presidenta Sheinbaum hizo varios anuncios respecto al proceso de negociación que se está llevando a cabo con el Departamento de Transporte (DOT) del gobierno de los Estados Unidos, en relación con las medidas sancionatorias ordenadas por dicha autoridad en contra de las aerolíneas mexicanas a finales de octubre pasado, por las cuales cancelan rutas ya autorizadas e impiden a los operadores mexicanos abrir nuevas hacia los Estados Unidos. Estas medidas del DOT, fueron adicionales a las acciones ordenadas en julio pasado también en contra de las aerolíneas mexicanas de pasajeros y carga.
Entre los anuncios hechos el pasado lunes, están los siguientes:
- Se han tenido reuniones recientes entre el DOT y un equipo del gobierno mexicano.
- El gobierno mexicano planteó: i) que la zona metropolitana de la Ciudad de México tiene principalmente dos aeropuertos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); ii) que es política y obligación del gobierno mexicano que ambos aeropuertos crezcan y sean parte de un sistema; iii) que además será muy importante que los Estados Unidos reconozca el objetivo de impulsar estos dos aeropuertos tanto a través de las aerolíneas mexicanas como a través de las aerolíneas americanas. La presidenta finalizó este anuncio mencionando que el gobierno americano fue “muy sensible” a este planteamiento.
- Que, desde hace algunas semanas, previo a la reciente reunión entre ambos gobiernos, “se hizo una nueva distribución de los slots en donde aerolíneas mexicanas ceden sus espacios a aerolíneas americanas dentro de un marco de competitividad y como parte de un arreglo interno en el que estuvieron de acuerdo las aerolíneas mexicanas precisamente para garantizar la competencia”.
- Que el próximo año entrará en operación un sistema digital muy avanzado en el AICM “para que pueda haber suficiente competencia y distribución en todas las aerolíneas”.
- Que la mayor parte de las aerolíneas cargueras que operan en el AIFA están “contentas”. Que tuvo una reunión recientemente con estas empresas cargueras para conocer qué les hacía falta, principalmente temas con Aduanas que hay que mejorar, y que el gobierno acompañará a estas empresas en la atención de estos temas de mejora.
- Que en general hay un buen ambiente entre ambos gobiernos y que las pláticas van a seguir durante varias semanas con la firme intención de llegar a un acuerdo.
En términos generales y analizado desde una óptica positiva, esta serie de anuncios presidenciales me parecen absolutamente constructivos y conciliatorios, los cuales seguramente abonarán al proceso de negociación con el DOT.
Ya las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevará a cabo la eventual cesión de los slots de las aerolíneas mexicanas a las americanas, lo informarán próximamente la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y el propio AICM.
Habrá que ver si efectivamente las aerolíneas mexicanas se desprenden y hacen entrega de parte de sus slots a las americanas y el procedimiento que se seguiría.
Ahora bien, una forma natural y ordinaria de regresar slots a las aerolíneas americanas, sin obligar a las aerolíneas mexicanas a desprenderse de los suyos, sería decretar el incremento en el número de operaciones aéreas por hora en el AICM, tal como se hizo recientemente aumentando a 44 operaciones por hora.
Como lo he venido sugiriendo desde hace meses, organismos públicos como la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), o privados como la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) o el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), podrían elaborar un estudio técnico-operativo de capacidad del AICM, con el objeto de determinar el número real y factible de operaciones por hora que el AICM puede gestionar. Me parece que este estudio de alto nivel elaborado por entidades internacionales expertas en el transporte aéreo global sería muy bien recibido en el proceso de negociación con los Estados Unidos. Pero seguramente habrá alguna resistencia, o del gobierno de solicitarlo, o de estas entidades de elaborarlo.
Bien por Aeroméxico que mandó elaborar un estudio de alto nivel que fue realizado por Dennis McWeeny, doctor en economía y especialista en antimonopolios y competencia en el mercado aéreo. Este estudio concluyó que los decretos del gobierno mexicano sobre la reducción de operaciones y la suspensión de vuelos de carga no afectaron la competencia y, en algunos casos, beneficiaron a las aerolíneas estadounidenses.
Me parece también positiva esta información comunicada por la presidenta CSP, por el mensaje conciliador que tiene, pero también porque el gobierno mexicano no se doblega y sostiene la legalidad de los decretos que ordenaron la reducción del número de operaciones por hora y el cierre a las operaciones exclusivas de carga, ambos que aplicaron en el AICM, y que fueron emitidos en base a la facultad de autodeterminación del Estado mexicano.
Sin duda, ambos decretos no fueron bien recibidos por la industria aérea, claramente pudieron haber sido kilométricamente mejor comunicados, dialogados y cabildeados con la industria aérea, pero nos guste o no fueron hechos con sustento en estudios elaborados por la autoridad aeronáutica mexicana y por el organismo que gestiona el uso del espacio aéreo mexicano, los cuales tienen legitimidad internacional (no hablamos si son buenos o malos), y que determinaron la saturación del AICM, razón jurídicamente suficiente para emitir dichos decretos y ejecutar las resoluciones ahí contenidas. Más aun, ninguno de estos decretos fue impugnado legalmente por ningún operador mexicano o americano, por lo cual surtieron plenos efectos jurídicos.
Ahora el gobierno americano no puede venir a alegar violaciones a un instrumento jurídico como lo es el convenio bilateral, cuando sus aerolíneas consintieron legalmente los decretos que supuestamente provocaron la violación a dicho convenio.
Si estos decretos se emitieron para detonar e impulsar al AIFA, para promoverlo y utilizarlo, son opiniones, puntos de vista y apreciaciones respetables, pero no dejan de ser subjetivos y no hechos jurídicos sostenibles.
Aunado a lo anterior, sería gravísimo derogar el decreto que cerró el AICM a las operaciones exclusivas de carga, y que por cierto NO obligó a ninguna aerolínea a irse al AIFA. Qué sucedería con las cuantiosas inversiones que han realizado las aerolíneas cargueras mexicanas en el AIFA, las cuantiosas inversiones que realizaron los grupos de almacenes fiscalizados, los prestadores de servicios de rampa mejor conocidos como Ground Handlers, los prestadores de servicios de mantenimiento, en fin, todo el ecosistema aéreo ya desarrollado en el AIFA.
Así que bien por como está procediendo en este particular caso el gobierno mexicano, insisto, en este muy particular proceso de negociación.
En adición a todo lo anterior, la ejecución e implementación de estos decretos cae dentro de la hipótesis establecida en el artículo 11 del convenio bilateral aéreo, que contempla la posibilidad de limitar unilateralmente la capacidad, el volumen de tráfico, la frecuencia o regularidad del servicio, o el tipo o tipos de aeronaves operadas por las líneas aéreas de la otra Parte, cuando se requiera por razones técnicas u operativas, como claramente lo es la saturación de un aeropuerto.
Así que reitero, Jurídicamente no existe violación alguna al convenio bilateral aéreo celebrado por nuestro país con los Estados Unidos, y a quien opine diferente lo invito a debatirlo jurídica y pacíficamente en una mesa pública.
Con independencia de lo anterior y suponiendo sin conceder que existiera alguna infracción a dicho bilateral, el mismo convenio establece los mecanismos adecuados para la solución de las controversias que surjan en su ejecución o interpretación, y no los manotazos, “sapes y toallazos” que constantemente el gobierno americano les da a las aerolíneas mexicanas, ni siquiera al gobierno mexicano. Tal como sucedió con la degradación de categoría en materia de seguridad aérea.
Lo manifiesto nuevamente, esta nota no tiene ningún contenido o tinte político, por que si lo tuviera seguramente no haría un análisis estrictamente jurídico, y me referiría únicamente a abrazos y no balazos.
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