La semana pasada recibimos la buena noticia de que, después de mucho tiempo, el necesario para cumplir los requisitos establecidos, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), al mando de Humberto Gual, logró la aceptación de la Airline Pilots Association (ALPA) y se convirtió en otro de los miembros de esta asociación internacional.
ALPA reúne la friolera de 65 mil pilotos comerciales de 40 aerolíneas de Estados Unidos, Canadá y, ahora, de tres aerolíneas mexicanas, que tienen contrato colectivo firmado con ASPA.
Actualmente, el presidente es el Cap. Jasón Ambrosi, de la aerolínea Delta y, por primera vez en su historia, una mujer, la Cap. Wendy Morse, piloto de Dream Liner B-787, es la vicepresidenta de ALPA.
El principio básico, y la tarea principal de esta asociación, así como lo es también para ASPA, es asegurar mecanismos y procesos que sigan garantizando la seguridad aérea y laboral de los pilotos.
Son también, y entre otras muchas tareas, vigilantes activos de reglamentos y leyes que deben ser cumplidos en el marco del tratado de libre comercio (TMEC), entre los tres países firmantes: México, Estados Unidos y Canadá.
Los 65 mil pilotos miembros de ALPA están en contra del cabotaje dentro de sus propios países, cabotaje que ha sido propuesto en clara violación de la ley por parte del gobierno de México, con el único aparente objetivo de dar viabilidad económica y operativa al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Mi colega y amigo, Jaime del Río, escribió en A21 que el cabotaje “no es una buena idea”, y deja claras las razones por las que así es.
Yo agregaría que, proponer el cabotaje aéreo en México, también es una gran irresponsabilidad por todo lo que implica para la supervivencia de la industria aérea mexicana, además del impacto en las inversiones, en el turismo y de los empleos que dependen de las dos industrias.
El cabotaje permitiría a las aerolíneas extranjeras operar vuelos dentro del territorio nacional, transportando pasajeros entre aeropuertos del interior del país.
Fuentes del gobierno han dicho que, permitiendo el cabotaje aéreo en México, podrían reducirse los costos de los boletos, pero no han dicho que esto traería una dura guerra tarifaria que, obviamente, las aerolíneas mexicanas perderían, enfrentando una competencia más que desleal, ilegal.
Por otra parte, no podemos dejar de decir que una reducción de entradas económicas de cualquier aerolínea del mundo, por concepto de costo de boletos, puede representar un grave golpe a sus procesos de seguridad, porque de ahí es de donde salen los recursos para pagar renta de aeronaves modernas y seguras, el combustible, el mantenimiento, las refacciones, los adiestramientos de todo su personal de aire y tierra, es decir, la operación general.
Solo las tres aerolíneas principales de Estados Unidos: Delta, United y American Airlines manejan el 46% del pasaje que se transporta entre ese país y México, es fácil imaginar lo que se podría venir sobre nuestra industria aérea si se les entregara también la operación en el interior de nuestro país a través del cabotaje.
Todas las aerolíneas comerciales de Estados Unidos han contado con los apoyos económicos de su gobierno, por motivo de la pandemia del COVID y, además, una sola de ellas tiene una flota de aviones tan grande como las que tienen hoy entre todas las aerolíneas mexicanas juntas.
Esperemos que los legisladores sean conscientes de lo que tendrían en las manos a la hora de que se les pudiera proponer cambiar la Ley de Aviación Civil para modificar las condiciones que limitan el cabotaje aéreo en México, solo por cumplir con la orden de hacer viable (a como dé lugar) económica y operativamente al AIFA
Lo que es un hecho y, de alguna manera tranquilizante, es que ALPA y ASPA, junto con el Colegio de Pilotos Aviadores de México, ya están en el tema y serían elementos formidables en la defensa de los intereses de la industria de la aviación, en cualquiera de los tres países miembros del Tratado de Libre Comercio.
Otro tema que tiene que ver con la Ley de Aviación Civil Mexicana, y ya lo hemos comentado, se refiere a la imposibilidad que, de acuerdo con ella, tienen los concesionarios de aeropuertos para poseer y administrar aerolíneas comerciales, como se pretende al proponer una línea aérea operada por la SEDENA desde el AIFA y otros aeropuertos administrados por militares.
Si se abriera esta posibilidad, sería un grave antecedente para los concesionarios civiles y grupos aeroportuarios de México, que estarían animados a tener sus propias aerolíneas, aunque esto pueda representar un definitivo conflicto de intereses.
Más allá de quién pudiera administrar y operar una nueva aerolínea comercial, vale la pena comentar sobre los enormes recursos económicos que serían necesarios, así como el tiempo para formarla, y ni hablar de la necesidad de obtener aeronaves apropiadas y de personal de aire y tierra entrenado, con experiencia, entre muchos otros requisitos de ley que puedan garantizar la seguridad de los pasajeros.
Debemos recordar que un militar, por razones obvias, no tiene la formación para administrar y operar aerolíneas comerciales, así como un civil tampoco tiene la formación para administrar las operaciones de aviones de la Fuerza Aérea.
Ojalá que las decisiones políticas no se pongan por encima de nuestras leyes y de la soberanía del espacio aéreo mexicano.
Y de último momento nos enteramos que AFAC suspende trámites, debido al posible hackeo de su sistema informático, ¡como si las demoras en todo tipo de trámites no tuvieran ya una retardo de meses!
Una de dos, o siguen cometiendo errores, o el nuevo director empezó a poner orden. Veremos.
Como sea, nos podemos imaginar todo lo que podría salir a la luz en caso de un posible hackeo a la Agencia Federal de Aviación Civil Mexicana.
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