Desde las pasadas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, con referencia a la intención de analizar la posibilidad de permitir el cabotaje aéreo a operadores extranjeros en México, para fomentar más oferta y, por tanto, más competencia y así lograr una baja en los precios del mercado, que redunde en beneficio a los usuarios, se ha desatado polémica. Más allá de que es conocido el modus operandi de López Obrador de generar nota cada tres días para imponer la narrativa en los medios, considero que no hay que demonizar algunas de sus ocurrencias. Y éste –considero– es el caso. La posibilidad de contar con cabotaje aéreo en nuestro país vale la pena ser explorada.
Aunque no se debe simplificar, y se requiere que IATA/CANAERO y los operadores por su cuenta, hagan un estudio detallado y a fondo, se podría anticipar que si el presupuesto es ver “cómo sí” al cabotaje, se debe hacer dentro de un marco de legalidad racional. Es decir, se tendría que explorar a partir de las siguientes bases:
Primero. Se logre antes que nada la recategorización. Es decir, antes de abordar esta posibilidad, la AFAC debe garantizar recuperar la categoría 1, al cumplir con todas las observaciones de la Technical Review de la FAA.
Segundo. Se aplique el marco legal vigente en materia de competencia económica, en particular a la relación concesionarios aeroportuarios-operadores. Pues, en la práctica, los contratos de servicios aeroportuarios y complementarios son contratos asimétricos y de adhesión, donde solo el aeropuerto pone sus condiciones. Para ello, se debe de contar con todas las vacantes de la COFECE resueltas y respetar su autonomía constitucional. Y dotar de capacidades y personal técnicamente calificado también a la AFAC. Se debe asegurar el Fair Play de manera institucional, con seguridad jurídica y sin populismos u ocurrencias que se traducen en ligerezas que generen más incertidumbre que una mejora de las cosas.
Tercero. Se cuente con una política aeronáutica definida; es decir, se destinen recursos suficientes para contar con una autoridad de aviación civil con capacidad técnica y financiera de clase mundial, y su autonomía y labor subsistan en ese tenor de forma transexenal. Para lo cual se debe etiquetar el recurso federal y garantizarse en un plan mayor a 30 años. De otra forma, no habrá consistencia ni visión de Estado. Mero populismo y control de daños (que en el caso de recuperar la categoría 1, ni siquiera ha habido).
Cuarto. Se respete y privilegie el carácter civil –no militar– de la industria. Esto es de vital importancia. La militarización de la seguridad pública ha demostrado ser un fracaso en México, al menos los últimos 22 años. Ahora bien, proyectar la militarización del transporte y el comercio llevaría a cualquier persona, con un uso medio de razón, a atisbar la aberración en la que consistiría. El comercio, los negocios, la producción requiere de creatividad, libertad, flexibilidad y dinamismo. Militarizar significa, por vía de los hechos, al menos de manera inmediata, ir en contra precisamente de tales características.
Quinto. Se brinden estímulos fiscales y subsidios a las aerolíneas nacionales para lograr una competencia en efectivas condiciones de igualdad. El principio de subsidiariedad es requerido para la visión social y preferencial para la mejor distribución de la riqueza, y eso no sólo debe manifestarse en los programas sociales clientelares con miras a un botín político, sino que también aplica para inyectar fortaleza y solidez a la industria nacional, generadora de empleos y, por tanto, de riqueza para los mexicanos.
Explorar el cabotaje no debe ser ocasión de pusilanimidad, sino de magnanimidad. Todos queremos que México recupere el lugar que le corresponde en la aviación mundial, y este puede ser su “entrenamiento funcional” de alto impacto –si se me permite la analogía–. Sin embargo, todo empieza por contar con una autoridad competente en lo técnico, administrativo, legal y financiero, y con la suficiente autonomía libre de injerencias políticas o sindicales. Lo que al día de hoy, todavía no se ha visto.
Ahí está el reto… Hay experiencia y talento en muchos funcionarios, es cuestión de tomárselo con realismo, sí, pero también con espíritu deportivo.
*Rodrigo Soto-Morales es abogado y consultor especialista en la industria aeronáutica, socio director de Sotmor Consulting & Legal Management. info@sotmor.net; news.sotomor.net; www.sotmor.net
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