Durante muchos años, cuando las empresas de transporte aéreo en el país entraban en algún conato de crisis por la posibilidad de huelga, el entonces abogado de los pilotos aviadores representados en ASPA, Don Rafael Peralta Rosas, solía decir: ¡Santa Requisa!, refiriéndose a la facultad del Ejecutivo de requisar a la empresa, es decir, retener para el gobierno federal la concesión de servicio público de transporte, mientras la administración de la empresa y los trabajadores llegaban a algún acuerdo laboral.
La requisa funcionó como un mecanismo que, al tiempo que resguardaba la fuente de trabajo pues permitía que las aerolíneas u otras empresas de transporte siguieran operando, abría un espacio para que se pudiera llegar a soluciones de tipo administrativo, después de lo cual la empresa seguía adelante.
No siempre al término de una requisa quedó la misma administración al frente porque hubo momentos en que los propietarios no podían seguir adelante y entonces se buscaba que los activos fueran adquiridos por otra empresa que tuviera la capacidad de prestar el servicio y absorber también la planta laboral.
Una de las formas que el gobierno federal tuvo en sus manos para salvar a Mexicana era precisamente esa: requisar la empresa y dejar que los accionistas resolvieran sus problemas con los acreedores para que no se perdieran ni los empleos, ni las rutas, las estaciones, la marca, todo el acervo que constituyó la Primera Línea Aérea de Latinoamérica, sin dejar ese gran vacío que sigue pesando en nuestra industria. Algo semejante pasó con Aviacsa y más recientemente con Interjet.
La fórmula de la requisa no se utilizó en los sexenios anteriores porque la premisa era que el gobierno no quería intervenir en asuntos que, según Calderón, “eran entre particulares”, a pesar de que la concesión para prestar un servicio público la otorga el Estado, que sigue siendo el gestor de las vías generales de comunicación.
Pero no se entiende que Interjet siga estacionada en el limbo y sería desastroso que Aeromar siguiera este camino, a pesar de que su servicio es mucho más difícil de ofrecer porque se especializa en rutas cortas y aeropuertos donde otras aeronaves no podrían aterrizar, como Lázaro Cárdenas y Salina Cruz, por ejemplo.
Parte del problema es que una aerolínea que deja de volar rara vez vuelve a hacerlo. Por eso el Chapter 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos resulta una buena opción para empresas que, como Aeroméxico, tienen suficientes créditos y operaciones en ese país, ya que la Corte de NY puede aceptar el caso, lo que no pudo hacer Interjet ni es una opción para Aeromar.
Esta última está pasando por una situación sumamente crítica, no sólo por las deudas con sus trabajadores y proveedores, sino porque la situación fiscal ya no le permite continuar si no existe un compromiso seguro de pagos, cosa que se ve difícil. Están en riesgo 800 empleos directos –130 pilotos, unos 100 sobrecargos y el resto de tierra y administrativos– además de los muchos indirectos que se generan.
El gobierno federal está buscando alternativas viables y una de ellas podría ser la requisa. No es fácil, pero podría explorarse para salvar a la aerolínea mexicana que lleva más años volando ininterrumpidamente. Estaremos pendiente de su evolución.
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