Contrario a lo que muchos decían, el regreso de nuestro país a la Categoría 1 de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) no ha sido cosa de “unos meses”, sino que se está convirtiendo en un proceso muy complicado. Si nos va bien podría resolverse en junio y, en el peor de los casos, puede tomar los 3 años que le costó a Costa Rica salir de la lista negra.
Desde luego que nadie desea este escenario, pero el proceso de recalificación ha tomado mucho más tiempo del esperado, entre otras cosas porque ha habido sucesivos cambios al interior de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) desde que inició la auditoría y después de la degradación, lo cual ha impedido que, en primer lugar, se entienda con exactitud cuáles son los criterios con los que la FAA clasifica sus observaciones, porque una cosa es que los funcionarios declaren que “ya están haciendo cosas” y la otra es que en realidad las hagan y lo documenten.
Otro problema es que nuestra legislación es una maraña poco entendible porque de la circular al reglamento, de las buenas intenciones a la norma hay mucho trecho. La tercera cuestión, la peor de todas, es la falta de presupuesto para invertir en un asunto que debería ser de primera importancia, pero que al parecer no es prioridad en esta administración. Ahí está el problemón de las licencias y de los exámenes médicos que simplemente no salen.
Usualmente, después de la auditoría de la FAA, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) realiza a su vez su propia auditoría. La primera tiene su foco en tres de los 19 anexos de OACI y busca confirmar la capacidad que tiene el Estado (en este caso el Estado mexicano) para supervisar la gestión de seguridad de las aerolíneas que vuelan a Estados Unidos. La segunda, la auditoría de la OACI, revisa cómo se gestionan sus 19 anexos, es decir, todo el sistema de transportación aérea del país.
La OACI suele ser muy comprensiva en sus auditorías y desde luego no hay nada parecido a una degradación, pero es cierto que de sus revisiones se desprenden recomendaciones para que las autoridades pongan más cuidado en la supervisión y en su capacidad de gestionar las diversas aristas que presenta el transporte aéreo.
Dichas recomendaciones son, en lo general, públicas. Y las que no lo son trascienden. Por ello es que nuestras autoridades tienen que tomar muy en serio esa auditoría porque la degradación de la FAA nos ha costado millones de dólares y la presencia de nuestras aerolíneas en el mercado bilateral.
Hasta el momento, la OACI ha decidido posponer su auditoría en México para septiembre. Pero eso no significa que hay que tomarla a la ligera. Los puntos más sensibles serán los que ya le preocupan a la FAA, más aeropuertos, tránsito aéreo e investigación de accidentes, tres asignaturas pendientes que el nuevo subsecretario de Transporte tiene que resolver aun cuando no conozca nada del tema.
La mala noticia es que las dependencias que están a cargo aún están atorados con la degradación de la FAA, mientras el nuevo aeropuerto y Seneam son dos dolores de cabeza que rayan en migraña.
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