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Mediante el secuestro de aviones comerciales, Al Qaeda cometió el atentado terrorista más grande y de mayor impacto que la historia haya tenido registro aquel 11 de septiembre de 2001. Utilizó las aeronaves para ser impactadas contra diversos objetivos, causando la destrucción del entorno del World Trade Center (incluidas las Torres Gemelas) en Nueva York y graves daños en El Pentágono (en el estado de Virginia), en el episodio que precedería a la guerra de Afganistán y a la adopción por el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados de la política denominada guerra contra el terrorismo, que llevó a cambiar las reglas de las acciones de paz prevista en la Carta de San Francisco de 1945, con la llamada guerra preventiva.
Políticamente puso sobre la escena la idea de un “choque de civilizaciones” y desarrolló una visión del islam como una religión radical, fundamentalista y peligrosa para los países occidentales.
Como resultado de estos actos terroristas murieron 214 pasajeros y 33 tripulantes de las cuatro aeronaves empleadas (excluyendo a 19 perpetradores). Además perdieron la vida respectivamente 2,658 civiles en el WTC y 125 civiles en el Pentágono. Este trágico evento simboliza –por primera vez desde el inicio de la era de la aviación, 100 años antes– el uso de aeronaves civiles como armas de destrucción masiva.
El mundo nunca volvió a ser el mismo. Mucho menos la aviación.
En lo que refiere el ámbito doméstico, poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre el Congreso estadounidense aprobó la “Ley de Seguridad de la Aviación y el Transporte”, que creó la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y ordenó que los empleados federales estén a cargo de los controles de seguridad del aeropuerto.
La TSA ha implementado procedimientos de evaluación más exhaustivos para los pasajeros y su equipaje, incluyendo detectores de metales, radiografías de las bolsas de mano y sistemas de detección de explosivos para el equipaje facturado. Los cambios menores en estos procedimientos –como requerir al usuario que se quite los zapatos o la prohibición de los líquidos de mano– han tenido algún efecto.
Capas de seguridad
Pero el verdadero cambio ha sido la institución de “muchas capas de seguridad”, incluidas medidas que van más allá del control de pasajeros, como una mayor presencia policial fuera de los aeropuertos y una mayor cooperación entre aerolíneas y oficiales de seguridad.
Además de controlar a los usuarios y sus pertenencias en el aeropuerto, la TSA realiza una “pre-revisión” de pasajeros. Las aerolíneas deben enviar listas de ocupantes del vuelo a la TSA, que luego compara los nombres con una lista de vigilancia. Pero esta práctica ha sido problemática, pues grupos defensores de libertades civiles plantearon objeciones al intercambio de datos de pasajeros, y las listas de vigilancia no siempre se mantuvieron bien. Para disipar estas preocupaciones, la TSA desarrolló el Programa de Vuelo Seguro, un sistema de preselección que intenta lograr el equilibrio adecuado entre los derechos de los pasajeros y su seguridad. Otro programa, llamado Viajero Registrado (TSA Precheck), permite a los viajeros frecuentes proporcionar voluntariamente información básica e identificadores biométricos como huellas dactilares, para facilitar su evaluación de seguridad.
También se han adoptado varias medidas nuevas diseñadas para evitar secuestros. Estos incluyen puertas fortificadas de la cabina de pilotos, pilotos armados en algunos vuelos, y una expansión del programa Federal Air Marshals, que coloca oficiales encubiertos armados en vuelos de pasajeros. Los expertos dicen que otro cambio importante en la seguridad de la aviación es un ajuste en el comportamiento de los pasajeros. Desde el 11-S, los pasajeros están tomando un papel más activo para evitar que los terroristas lleven a cabo sus parcelas a bordo de los aviones.
Por su parte, en ámbito internacional, Naciones Unidas también tuvo que tomar cartas en el asunto: el 10 de septiembre de 2010, la Conferencia Diplomática sobre Seguridad Aeronáutica, organizada bajo los auspicios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), adoptó dos nuevos instrumentos antiterroristas de aviación: el Convenio de Pekín, que reemplazó el Convenio sobre la Supresión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional de 1971 (conocida como “Convención de Montreal”), y el Protocolo de Pekín, por el que se modifica el Convenio para la represión de la captura ilícita de aeronaves de 1970 (anteriormente “Convención de La Haya”).
Los nuevos instrumentos actualizaron las convenciones existentes a la luz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la evolución de la legislación antiterrorista en las últimas décadas. El Convenio de Pekín estableció nuevas ofensas clave al utilizar un avión como arma, el uso de armas de destrucción masiva o sustancias peligrosas contra, sobre o desde un avión, y el transporte de materiales peligrosos. Los instrumentos también prevén nuevos delitos auxiliares, una mayor jurisdicción y un fortalecimiento de los regímenes de extradición y asistencia mutua.
Estos instrumentos –parte de una serie de convenciones de la ONU destinadas a combatir el terrorismo internacional– tienen como objetivo prevenir este tipo de acciones ilícitas y garantizar que una gama más amplia de perpetradores puedan ser llevada ante la justicia en actividades terroristas o de proliferación relacionadas con la aviación.
El papel de OACI
En su discurso ante la Asamblea de la OACI, celebrada en Montreal en octubre de 2001, el doctor Assad Kotaite, Presidente del Consejo de la OACI, declaró:
“Estos ataques terroristas representan la amenaza más grande para la seguridad de la aviación civil…” y “…el objetivo principal de la OACI será identificar los medios para erradicar esta nueva amenaza y restablecer la confianza del público en un sistema de aviación, que continúa siendo fundamentalmente seguro y eficiente”.
El 33º período de sesiones de la Asamblea adoptó por unanimidad una resolución para considerar responsables y castigar severamente a quienes utilicen aeronaves civiles como armas de destrucción, incluyendo a los responsables de organizar tales actos o que asistan, apoyen o protejan a sus autores. Además, encargó al Consejo que convocara, a la mayor brevedad posible, una conferencia de alto nivel sobre seguridad de la aviación, con objeto de prevenir, combatir y erradicar los actos de terrorismo contra la aviación civil.
La Asamblea y el Consejo de la OACI reconocieron también que la lucha contra el terrorismo es una tarea extremadamente compleja y ardua, que incluye una enorme diversidad de eventos imprevisibles. Asimismo, identificaron la necesidad de un esfuerzo mundial, con la cooperación de todos los Estados miembros de la OACI para que la aviación internacional y nacional continúe siendo un medio de transporte seguro y protegido.
Los eventos del 11 de septiembre de 2001 propiciaron cambios grandes y trascendentales en la industria del transporte aéreo. Al adaptarse las líneas aéreas y los aeropuertos al impacto en la seguridad, los ingresos y costos, la aviación ha puesto énfasis, ahora más que nunca, en ofrecer a los usuarios el sistema de transporte mundial con la máxima seguridad operacional y protección.
