El dictamen que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, cuyo objetivo es establecer y regular las medidas, acciones y procedimientos para preservar la seguridad y la soberanía e independencia nacionales del espacio aéreo mexicano, quedó aprobado en lo general por la Cámara de Diputados, la tarde de este miércoles.
El dictamen que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, fue aprobado con 263 votos a favor, 26 en contra y 195 abstenciones. Por su parte, las reservas fueron promovidas por diputados del PAN, PT, MC y PRD; se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
De acuerdo con el área de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, el dictamen señala que el Ejecutivo federal garantizará la soberanía de la nación sobre el espacio aéreo mexicano por medio de la vigilancia y protección coordinada que sobre éste realizan las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF).
Indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) coordinará la participación de las autoridades para que coadyuven en la vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, en el ámbito que compete a la seguridad nacional.
Precisó que el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo actuará conforme a sus atribuciones al observar alguna de las maniobras de vuelo que se señalan, como es, no activar su código transponder o apagarlo durante el vuelo, así como cambiar de ruta sin motivo aparente, no establecer comunicación con los servicios de control de tránsito aéreo previstos por la autoridad aeronáutica o con el Centro.
Además, por no contar con información de plan de vuelo, registrar cambios erráticos de velocidad, altura, rumbo o realizar maniobras inusuales, sobrevolar una zona restringida, prohibida, peligrosa, de vigilancia y protección del espacio aéreo nacional y de identificación de defensa aérea, y cuando una aeronave se encuentre en situación de emergencia.
El Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo considerará como vuelo no autorizado, cuando la traza de interés no fuera identificada y cuando las aeronaves no cuenten con un plan de vuelo autorizado por la autoridad aeronáutica, ni aprobado por los Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam).
Precisó que se considerará como vuelo clandestino, cuando la tripulación de una aeronave no cuente con un plan de vuelo autorizado antes del despegue o aprobado durante el vuelo, para evitar ser detectado, eluda o desobedezca a la autoridad y cuando incurra en desacato, no exhiba de manera visible o no sea posible visualizar por medio de electro-ópticos los distintivos de nacionalidad y matrícula de la aeronave.
Así mismo, cuando aterrice en un lugar distinto al establecido al plan de vuelo sin dar aviso, y cuando se localice la aeronave en una superficie terrestre o marítima diferente a un aeródromo o helipuerto.
Con el documento se constituye el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, el cual tiene por objeto la coordinación entre las dependencias y entidades de la APF que lo integran, para inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional.
Ese Sistema será integrado por la Sedena, -quien estará a cargo de la coordinación- la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y la Comandancia del Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo; así como la Secretaría de Marina y Dirección del Centro de Mando y Control de la Armada de México.
También forman parte la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y los Seneam; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia, así como la Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración.
Este Consejo será la instancia superior responsable de emitir las políticas de coordinación e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la APF para garantizar la protección del espacio aéreo mexicano, bajo los principios de legalidad y certeza jurídica.
