El gobierno español ha aprobado una nueva norma mediante la cual, a partir del 12 de octubre próximo se impone el uso obligatorio del inglés en las comunicaciones de radiotelefonía en los principales aeropuertos de su territorio, lo que implica que tanto pilotos como controladores aéreos de esa nación no podrán utilizar su lengua materna para hablar entre ellos, en el contexto de una operación aérea.
Esta prohibición se aplicará a todas las terminales ibéricas con más de 50 mil movimientos internacionales anuales, y se fundamenta en el reglamento conocido como Standardised European Rules of the Air, que pretende homogeneizar los procedimientos de aviación en el viejo continente.
La reacción ante este anuncio no se hizo esperar por parte de los trabajadores aéreos agrupados tanto en el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) como en la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), quienes en rueda de prensa conjunta el pasado lunes explicaron su oposición a esta medida, “que entrará en vigor sin tener en cuenta el criterio profesional de los dos colectivos implicados”, lamentó Agustín Guzmán, portavoz de SEPLA y piloto comercial.
Ambas organizaciones señalaron que la autoridad no tomó en cuenta estudios preliminares realizados por la propia Agencia Española de Seguridad Aérea, mismos que demostraron que, relativo a la seguridad aérea, es preferible que dos personas recurran a su lengua materna común para facilitar la comunicación entre ellos.
Asimismo, destacaron que una sección del citado reglamento permite expresamente que los Estados adscritos a él puedan incluir excepciones a la homogeneización pretendida.
Tanto Sepla como USCA resaltaron que la Organización de Aviación Civil Internacional avala el uso de todos los idiomas oficiales (incluido el español) “en situaciones que así lo permitan”. Y apuntaron que, en su momento, Francia y Portugal argumentaron tales excepciones para seguir usando su lengua nativa.
“Hablamos inglés a diario y lo seguiremos haciendo siempre que la situación lo requiera”, expresó Luis Vidarte, secretario técnico de USCA. No obstante, exhortó al gobierno a mostrar mayor flexibilidad en este punto ya que los controladores son “los máximos responsables de la operación aérea”.
En conclusión, ambos sindicatos consideraron esta norma como “una imprudencia”, y denunciaron una “falta de voluntad política” para solucionar este problema.
Los inconformes también difundieron el siguiente video para pedir apoyo del público usuario y revertir así la polémica norma:
De implementarse la medida, algunos de los principales aeropuertos afectados serían: Madrid-Barajas, Barcelona El Prat, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife y Málaga.
