2-0: bloquean de nuevo veto migratorio de Trump

Un juez federal de Hawái ha impuesto una suspensión temporal pero de aplicación nacional al segundo veto migratorio de la administración Trump, que pretendía evitar la entrada a los Estados Unidos a ciudadanos de seis países de origen musulmán.

En esta ocasión fue Derrick K. Watson, juez de la corte federal hawaiana, quien decidió frenar la aplicación de la orden ejecutiva (firmada por el presidente estadounidense el pasado 6 de marzo) y que, de haber entrado en vigor –a la media noche de hoy– hubiera negado la entrada a la Unión Americana por los siguientes 90 días a ciudadanos provenientes de Libia, Siria, Irán, Sudán, Yemen y Somalia.

La fiscalía del estado insular alegó que el veto de Trump era inconstitucional, además de que podría dañar severamente la economía local (dependiente del turismo), así como a empresas e instituciones educativas locales que están en constante busca de reclutar a “extranjeros con talento”.

“Lo ilógico de las afirmaciones del Gobierno es palpable. La noción de que uno puede demostrar animadversión hacia cualquier grupo de gente al enfocarse en todos a la vez es un despropósito absoluto”, fue uno de los argumentos del juez Watson al emitir su orden restrictiva.

Cabe recordar que en el segundo veto migratorio se excluyó a Irak de dicha prohibición, gracias al consejo de asesores del Ejército y la intervención del cuerpo diplomático de esta nación.

Con la aplicación de este veto presidencial, la Casa Blanca buscaba detener temporalmente el tráfico de personas de las seis naciones de Oriente Medio con miras a establecer un nuevo sistema de monitoreo y visado, y así filtrar a viajeros con posibles vínculos terroristas.

Sin embargo, desde que se revirtió la primera orden ejecutiva, uno de los argumentos de los jueces de apelaciones es que no estaba demostrado que frenar la entrada de estos ciudadanos de origen musulmán ayudaría a mejorar la seguridad de los estadounidenses.

Al momento, otra audiencia contra el veto migratorio se está llevando a cabo en el estado de Washington y dirigida por el juez James Robart, mismo magistrado que frenó el primer decreto de Trump.