Un total de 129 países participan actualmente en CORSIA, el Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional. Adoptado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), CORSIA busca estabilizar las emisiones netas de CO₂ de los vuelos internacionales, exigiendo a las aerolíneas que compensen las emisiones que superen un valor de referencia establecido.
Este avance ocurre en un contexto de creciente presión sobre la industria para acelerar su transición hacia una aviación más sostenible, afirmó la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).
Cabe mencionar que el número de Estados participantes aumentó a 129 a partir del 1 de enero de 2025, incluyendo a 126 países que se sumaron desde el inicio de la primera fase del esquema (2024-2026) y tres nuevos integrantes: Comoras, Mauritania y Santa Lucía. Esta ampliación demuestra una voluntad política significativa a nivel global para respaldar mecanismos multilaterales de mitigación climática en el sector aéreo.
La creciente adhesión sugiere un reconocimiento del esquema como una herramienta viable para frenar el crecimiento de emisiones, en un sector históricamente difícil de descarbonizar debido a su complejidad operativa y dependencia de combustibles fósiles.
Sin embargo, a pesar del alto número de países inscritos, la implementación efectiva enfrenta desafíos. Hasta julio de 2025, solo un país —Guyana— ha emitido Unidades de Emisión Elegibles (EEUs), necesarias para que las aerolíneas puedan compensar el exceso de emisiones por encima de la línea base establecida por CORSIA.
Esto ha generado una escasez de créditos disponibles que podría poner en riesgo el cumplimiento de los compromisos por parte de las aerolíneas.
La emisión de EEUs no es obligatoria para los países, lo que introduce un desbalance estructural en el esquema: mientras las aerolíneas están obligadas a adquirir créditos para cumplir con sus metas, los Estados tienen la facultad —pero no el deber— de habilitar dichos mecanismos.
La falta de incentivos o marcos normativos nacionales para emitir EEUs ha limitado significativamente la oferta, elevando los costos y dificultando la planeación financiera del sector.
La OACI, junto con la IATA, ha desarrollado herramientas y guías para facilitar la participación de los Estados en la emisión de EEUs, incluyendo plantillas de Cartas de Autorización y documentos técnicos sobre ajustes correspondientes, conforme al Artículo 6 del Acuerdo de París. Sin embargo, la aplicación práctica de estos lineamientos aún depende de la voluntad y capacidad institucional de cada país.
Además del componente de compensación, CORSIA también establece un riguroso sistema de monitoreo, reporte y verificación de emisiones. Desde 2019, las aerolíneas con emisiones anuales superiores a 10,000 toneladas de CO2 deben reportar sus datos de forma estandarizada, utilizando métodos aprobados por la OACI y verificadores acreditados bajo normas internacionales. Este componente técnico ha contribuido a fortalecer la transparencia en el sector, aunque también ha supuesto una carga operativa para aerolíneas más pequeñas.
La línea base de CORSIA ha sido otro punto clave en su evolución. Inicialmente se definió como el promedio de emisiones de 2019 y 2020, pero tras la caída abrupta del tráfico aéreo en 2020 debido a la pandemia, se optó por usar únicamente los datos de 2019 para evitar distorsiones. Desde 2024, se estableció un nuevo umbral del 85% de las emisiones de 2019, un objetivo más ambicioso que ha sido respaldado por la industria aérea.
En términos de impacto, IATA estima que, sin CORSIA, las emisiones del transporte aéreo internacional podrían aumentar de poco más de 600 millones de toneladas de CO2 en 2019 a cerca de 900 millones en 2035. El esquema, si se implementa adecuadamente, podría estabilizar estas cifras, contribuyendo a los compromisos globales de mitigación del cambio climático sin imponer restricciones directas al crecimiento del tráfico aéreo.
