Las nuevas disposiciones del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), que buscan proteger a los pasajeros ante retrasos prolongados en vuelos comerciales, obligarían a las aerolíneas a compensar económicamente a los viajeros, ofrecerles reubicación en vuelos alternativos y cubrir gastos adicionales, como alimentación, alojamiento y transporte, siempre que la demora sea atribuible a la aerolínea.
La iniciativa generó debate sobre su impacto en la industria y en la experiencia de los pasajeros.
Anthony Radchenko, director ejecutivo de AirAdvisor, considera que esta medida es un avance necesario, ya que Estados Unidos ha quedado rezagado frente a países como los de la Unión Europea, Brasil y Canadá, que ya tienen normativas similares.
Además, mencionó que las aerolíneas estadounidenses, que recibieron ayudas económicas significativas durante la pandemia, no han cumplido con los reembolsos de manera adecuada.
La propuesta contempla compensaciones entre 200 y 300 dólares por retrasos en vuelos domésticos que excedan las tres horas. Sin embargo, Radchenko cree que estos montos son insuficientes.
“El estándar es positivo, pero no se ajusta a la inflación. Una compensación razonable debería estar entre 450 y 500 dólares”, afirmó Radchenko.
Según el ejecutivo, los pasajeros enfrentan gastos significativos en situaciones de retraso, como pérdida de vuelos de conexión o altos costos de transporte alternativo.
Radchenko también destacó la experiencia europea bajo la normativa CE 261, vigente desde 2003, la cual ha promovido mayor puntualidad en los vuelos. Las aerolíneas han adoptado medidas preventivas como la mejora en la planificación operativa y el aumento de recursos logísticos.
“En Europa, las aerolíneas toman más precauciones para evitar interrupciones, algo que debería replicarse en Estados Unidos”, explicó.
Por otro lado, indicó que se anticipa resistencia de las aerolíneas ante esta regulación. “Intentarán suavizar la norma, argumentando problemas de seguridad que no siempre están relacionados con la realidad”, comentó Radchenko.
También señaló que podrían presionar para evitar que los pasajeros recuperen costos legales, complicando el proceso para hacer valer sus derechos. En este sentido, sugirió que la normativa incluya explícitamente la posibilidad de reembolsar los honorarios de abogados.
Respecto al argumento de que estas regulaciones podrían aumentar las tarifas aéreas, Radchenko lo calificó como mínimo.
“En algunos casos, se añade un recargo de apenas 2 dólares por boleto. No creo que los pasajeros se opongan a pagar esa cantidad si garantiza mayor puntualidad y mejores condiciones”, aseguró.
La implementación de esta norma podría mejorar significativamente la experiencia de vuelo en Estados Unidos. Según Radchenko, las aerolíneas se verían obligadas a operar con mayor eficiencia, lo que ayudaría a reducir la brecha entre la calidad del servicio en Estados Unidos y Europa. “Aunque la versión final de la norma sea moderada, representa un avance importante”, añadió.
Por último, Radchenko subrayó la importancia de esta medida en términos de rendición de cuentas. “Durante la pandemia, las aerolíneas fallaron en ofrecer reembolsos y dejaron a los pasajeros sin opciones. Esta norma no solo proporcionaría compensaciones económicas, sino que también exigiría responsabilidad a las aerolíneas por sus acciones”, concluyó.
