Una jueza federal de México condenó a la aerolínea Global Air, también identificada como Aerolíneas Damojh, a pagar 124.2 millones de pesos mexicanos (mdp), alrededor de 7 millones de dólares, por concepto de indemnización a los familiares de los afectados por el accidente aéreo ocurrido en mayo de 2018, que dejó 112 muertos y una sola sobreviviente.
El avión y la tripulación mexicana fueron arrendados por Cubana de Aviación a Global Air para que realizara vuelos dentro de Cuba. El accidente ocurrió minutos después de que el Boeing 737-200 despegara del aeropuerto de La Habana con destino a la oriental ciudad de Holguín.
El veredicto condenó a la empresa mexicana a pagar esta cifra en indemnizaciones a familiares de la tripulación fallecida, tras determinar su responsabilidad directa en el siniestro.
Se trata de las sobrecargos María Daniela Ríos Rodríguez, Abigail Hernández García y Guadalupe Beatriz Limón García, así como el técnico en mantenimiento Marco Antonio López Pérez, fallecidos en el accidente.
Según la sentencia, la compañía operó la aeronave —un Boeing 737-200— sin el mantenimiento adecuado, pese a existir advertencias claras de que el avión no debía volar.
“Se pudo probar que el avión operó sin mantenimiento correcto y que incluso existía un prohibición de vuelo que fue ignorada”, afirmó el abogado Samuel González Ruiz, quien hace parte de la demanda.
El jurista reveló que durante el proceso se descubrió que los registros de mantenimiento fueron falsificados, un elemento clave para establecer la responsabilidad de la aerolínea.
El avión se precipitó a tierra apenas 35 segundos después del despegue, en un accidente que expuso fallas graves en la operación de la aeronave.
La sentencia establece que cada familia de la tripulación recibirá alrededor de 30 millones de pesos mexicanos, equivalentes a más de 1.6 millones de dólares en conjunto por grupo familiar. Sin embargo, este fallo es solo el inicio.
González Ruiz explicó que existe una demanda colectiva en curso que incluye a los pasajeros —en su mayoría cubanos— y que podría ampliar significativamente las responsabilidades.
“Ahora que se establecieron los hechos, esto impacta directamente la demanda colectiva y abre la puerta a nuevas sentencias”, señaló.
El caso podría escalar aún más. En las acciones legales en curso también están señalados: fabricantes como Boeing, compañías aseguradoras, empresas vinculadas al mantenimiento y autoridades mexicanas que permitieron la operación.
Según el abogado, el gobierno mexicano ha enviado múltiples solicitudes de cooperación a La Habana para avanzar en la investigación penal, sin obtener respuesta tras más de ocho años.
“Hay responsabilidad penal de quienes autorizaron este vuelo y Cuba no ha entregado los documentos solicitados”, denunció.
Para González Ruiz, la responsabilidad no es solo empresarial: “Estamos ante una responsabilidad institucional, el avión no debía volar y aun así fue autorizado”.
A ocho años del accidente, el fallo representa un primer paso.“La sentencia en sí misma ya es una forma de justicia”, afirmó el abogado.
