El derecho espacial se encuentra en un punto de inflexión histórico. El marco jurídico tradicional, cimentado en el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre / Outer Space Treaty (OST) de 1967, fue diseñado para una era de exploración estatal y tensiones de la Guerra Fría. Sin embargo, el veloz desarrollo de la tecnología, la nueva carrera espacial, el NewSpace y el auge de la economía espacial comercial —impulsado por la democratización del acceso al espacio, el abaratamiento de los costos de lanzamiento (cohetes reutilizables), el turismo espacial, la minería de asteroides y las mega constelaciones de satélites— exige una transición hacia un modelo más operativo. El desafío actual, como lo veremos en este análisis, no es solo preservar la paz, sino crear un sistema de gobernanza ágil que transforme principios generales en normas técnicas y prácticas recomendadas que garanticen la seguridad, la sostenibilidad y la certidumbre jurídica para los actores privados y las nuevas potencias espaciales emergentes.
El pasado 31 de octubre de 2025 aborde en esta columna el tema “El futuro del derecho espacial basado en la experiencia del derecho aeronáutico”, a partir del primer informe técnico de la serie “El futuro del derecho espacial” del Centro para el Futuro del Espacio / Centre for Space Futures (CSF) -de Arabia Saudita- que tiene como objetivo explorar el panorama cambiante del derecho espacial analizando las lecciones aprendidas en otros ámbitos de la gobernanza global. El CSF se creó con el fin de promover el pensamiento colaborativo sobre el futuro de la economía espacial global, a través de la investigación y el diálogo, con el objetivo de identificar enfoques prácticos que apoyen la sostenibilidad, la equidad y la innovación en el espacio, y que la serie sirva de plataforma para el intercambio constructivo y el desarrollo de políticas efectivas, mientras la comunidad internacional navega colectivamente hacia el futuro inmediato de la actividad humana más allá de la Tierra.
El primer informe técnico del CSF publicado el 12 de septiembre de 2025 “El futuro del derecho espacial. La dinámica cambiante de la regulación aérea y espacial” / “The Future of Space Law. The Evolving Dynamics of Air and Space Regulation”, examinó el desarrollo del sistema normativo de la aviación civil internacional, Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); como posible hoja de ruta para configurar la gobernanza espacial, destacando tanto los paralelismos como las limitaciones a la hora de aplicar una arquitectura de gobernanza flexible, escalonada y basada en la cooperación voluntaria, que facilite la estandarización sin comprometer la soberanía de los Estados.
En diciembre de 2025 el CSF publicó el segundo título de la serie El futuro del derecho espacial, Perspectivas de los marcos Tratado Antartico (ATS), CNDUM y UIT / Insights from the ATS, UNCLOS, and ITU Frameworks, a través del cual propone un marco práctico para fortalecer la gobernanza espacial sin necesidad de crear nuevos tratados internacionales, refiriendo el marco legal para poner en práctica los principios del OST de 1967, además de extraer lecciones de los modelos de gobernanza de otros regímenes globales como el Sistema del Tratado Antártico / Antarctic Treaty System (ATS, 1959), la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNDUM) / United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) / International Telecommunication Union (ITU).
El núcleo del informe, como en el primer documento de la serie, es la creación de un sistema voluntario y modular de Normas y Prácticas Recomendadas / Standards and Recommended Practices (SARPs) en tres niveles: fundamentos jurídicos, económicos y comerciales para garantizar la claridad y la confianza; normas técnicas de seguridad, mitigación de desechos y coordinación del tráfico espacial; y protocolos operativos para la respuesta a emergencias en tiempo real. Al alinear incentivos como el acceso al mercado y las prestaciones de los seguros, el modelo de SARPs fortalece la transparencia, la seguridad y la inclusión sin la necesidad de nuevos tratados o de una autoridad centralizada (entiéndase una organización internacional del espacio). Lo que según el CSF, promueve un entorno espacial sostenible y predecible al considerar lecciones prácticas extraídas de los regímenes internacionales establecidos que rigen los dominios y recursos compartidos más allá de la jurisdicción nacional; en consonancia con el actual andamiaje del derecho internacional público.
El sistema identifica herramientas operativas, mecanismos de transparencia, registros, procedimientos de coordinación y normas basadas en incentivos que pueden facilitar la aplicación del OST; estas herramientas servirían como alternativas prácticas para que los Estados apliquen los principios del OST. Además, busca traducir los principios generales del OST de 1967 en herramientas operativas que den seguridad jurídica y técnica a la creciente economía espacial comercial. El sistema propuesto está organizado en tres niveles o “Tiers” independientes pero interconectados:
Tier 1: Cimientos legales y comerciales: Se enfoca en la transparencia de las licencias y la supervisión estatal. Propone registros públicos de misiones autorizadas y el reconocimiento mutuo de licencias entre países para reducir la burocracia.
Tier 2: Estándares técnicos: Define normas para la mitigación de escombros espaciales, coordinación de tráfico y evaluaciones de impacto ambiental; incluye el intercambio de datos sobre maniobras orbitales para evitar colisiones.
Tier 3: Protocolos operativos: Establece reglas de comportamiento en tiempo real, como distancias de seguridad en operaciones de proximidad y protocolos de emergencia ante incidentes o fragmentaciones.
Análisis de las lecciones comparativas
El documento destaca por su análisis de otros dominios compartidos “Global Commons” para extraer lecciones específicas y analogías de los tres regímenes globales con miras a aplicarlas a la economía espacial (incluyendo exploración, minería y turismo):
El Sistema del Tratado Antártico (ATS): Es el modelo principal para la estabilidad política y la cooperación científica en un territorio donde no se reconoce soberanía. De este régimen se extrae la importancia de la transparencia y las inspecciones mutuas para mantener la estabilidad en entornos donde no hay soberanía nacional.
-Lección de transparencia e inspección. El ATS permite que cualquier país realice inspecciones en las bases de otros. El documento sugiere aplicar esto al espacio mediante la “notificación obligatoria de actividades” para evitar desconfianza, especialmente en misiones de exploración y colonización.
-Prioridad a la ciencia sobre el conflicto. Al igual que en la Antártida, el documento propone que el intercambio de datos científicos sea la “moneda de cambio” para ganar legitimidad en el espacio.
-Protección ambiental. El Protocolo de Madrid (del ATS) sirve como base para proponer estándares de “impacto ambiental mínimo” en la exploración de cuerpos celestes, previniendo la contaminación biológica o química.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS): aporta el marco para la jurisdicción y la explotación de recursos en áreas fuera del control nacional. Por lo que sirve como ejemplo para gestionar las zonas externas a la jurisdicción nacional y la responsabilidad de los estados (“Estado de abanderamiento”) puede aplicarse a los operadores.
-El Estado de Abanderamiento (Flag State). De la misma forma que un barco sigue las leyes del país donde está registrado, el documento propone que los estados asuman la responsabilidad total de sus operadores privados en actividades de turismo y minería espacial.
-Gestión de recursos (Autoridad Internacional de los Fondos Marinos). Se analiza el concepto de “Patrimonio común de la humanidad”. Para la minería espacial, el informe sugiere un sistema de “licencias y regalías” similar al fondo marino, donde las empresas puedan extraer recursos de forma legal siempre que exista un beneficio compartido o una gestión coordinada.
-Zonas de seguridad. Para proteger infraestructuras críticas (como bases lunares o sitios mineros), se propone adoptar el modelo de “zonas de seguridad” marítimas para prevenir interferencias físicas entre diferentes actores.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT): es el modelo para la gestión técnica y operativa, esencial para evitar el caos en las órbitas; en la práctica cotidiana demuestra cómo el registro de frecuencias y la coordinación técnica pueden prevenir interferencias sin necesidad de una autoridad central coercitiva.
-Coordinación y registro. La lección clave es que no se necesita un gobierno global para que el sistema funcione; basta con un registro centralizado donde todos informen qué frecuencias y órbitas usan. Esto es vital para el turismo espacial y las mega constelaciones de satélites.
-Prevención de interferencias. Así como la UIT evita que las señales de radio se solapen, el documento propone estándares de coordinación o Gestión del tráfico espacial / Space Traffic Management (STM), para evitar colisiones físicas.
-Uso equitativo. La UIT garantiza que los países en desarrollo tengan acceso a posiciones orbitales. El documento aplica esto sugiriendo que las reglas espaciales no deben crear barreras de entrada para nuevas naciones o potencias espaciales emergentes.
Análisis de la aplicación por actividad
Exploración y colonización: Se nutre principalmente del ATS, priorizando el acceso libre a estaciones, la cooperación científica y la prohibición de reclamos territoriales soberanos.
Minería espacial: Utiliza las lecciones de UNCLOS, buscando un equilibrio entre el incentivo comercial para las empresas y la obligación de gestionar los recursos de forma sostenible y responsable ante la comunidad internacional.
Turismo y actividad orbital: Se basa en el modelo de la UIT y la seguridad marítima, enfocándose en la interoperabilidad de naves, protocolos de emergencia y estándares técnicos para que múltiples operadores convivan sin riesgo de colisiones.
El éxito de estos tres regímenes no se debió a una autoridad central poderosa, sino a que los estados entendieron que seguir reglas comunes es más rentable y seguro que actuar de forma aislada. En ese contexto el segundo informe del CSF propone que el espacio siga este camino, a través de las SARPs.
Análisis de los mecanismos de incentivos
Uno de los puntos más innovadores de este segundo informe técnico es que no se basa en la imposición de leyes, sino en la alineación de incentivos. El análisis sugiere que los operadores y los Estados adoptarán estas normas voluntariamente debido esencialmente a los siguientes beneficios:
-Reducción en las primas de seguros: Los aseguradores pueden ofrecer mejores términos a quienes demuestren cumplir con los estándares de seguridad y sostenibilidad (Tier 3).
-Acceso preferencial a los mercados: Los estados que sigan el marco SARPs podrían facilitar el acceso a sus órbitas o servicios a otros Estados y empresas alineadas.
-Sostenibilidad económica: Al prevenir el “Síndrome de Kessler” (cascada de colisiones provocada por los desechos espaciales en la órbita baja terrestre-LEO), se protege la viabilidad a largo plazo de las inversiones en activos espaciales.
El documento concluye, entre otras cuestiones, que el desafío actual no es la falta de principios legales, sino la falta de mecanismos operativos eficientes y efectivos. Al proponer un sistema modular y voluntario, Arabia Saudita busca posicionarse como un líder en la creación de una “vía práctica” que permita la expansión comercial del espacio de forma segura y equitativa, preservando la autoridad soberana de los Estados bajo el derecho internacional público vigente; adelantando con su propuesta a los Estados Unidos y Luxemburgo.
En el escenario actual y considerando las propuestas del CSF, el futuro del derecho espacial no necesariamente reside en la creación de nuevos y complejos tratados internacionales (aunque larga y sinuosa, la vía multilateral siempre será la más deseable), sino en la adaptación de las lecciones aprendidas en otros ámbitos o dominios globales como la Antártida, los océanos y las telecomunicaciones. La clave para una expansión humana sostenible en el espacio ultraterrestre será la capacidad de armonizar los intereses comerciales con la protección del ambiente orbital y lunar. Al establecer estándares técnicos comunes y mecanismos de transparencia, la comunidad internacional puede asegurar que el espacio siga siendo un motor de innovación económica y un patrimonio accesible para toda la humanidad, evitando que el actual vacío legal se convierta en una barrera para el progreso de la exploración espacial, incluidas sus implicaciones geopolíticas, económicas y estratégicas.
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