Cada semana vemos que, en el sector aéreo, hay decisiones que nacen torcidas. Y la de permitir que pilotos extranjeros operen aeronaves con matrícula mexicana no solo nació mal: despegó sin plan de vuelo, sin control operativo y sin el respeto mínimo por el marco jurídico que sostiene a la aviación nacional.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, abrió la escotilla equivocada.
Y lo hizo justo cuando el país menos puede darse el lujo de improvisar en un sector que vive —literalmente— del orden, la técnica y la ley.
La Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), bajo el liderazgo de JESÚS ORTÍZ ALVAREZ, lo puso en blanco y negro: esta autorización viola la Ley de Aviación Civil, ignora la Constitución y desacata la circular obligatoria que regula el arrendamiento de aeronaves.
Más clarito: esta decisión cruza una línea roja que nunca debió tocarse.
“Ceder el control de nuestros cielos a tripulaciones extranjeras constituye una traición a la soberanía y al espíritu mismo de la legislación mexicana.”
Y tienen razón. No se trata de discursos, ni de pleitos sindicales, ni de interpretaciones “flexibles”.
Se trata de cumplir la ley. De sostener un principio básico: las aeronaves mexicanas deben ser operadas por pilotos mexicanos por nacimiento. Punto.
México no es piñata de nadie.
Ahora vayamos a la otra cabina de mando. Volaris, bajo el mando de ENRIQUE BELTRANENA MEJICANO, sostiene que la decisión responde a una tormenta que no provocó: la crisis global de los motores Pratt & Whitney, bajo inspección desde hace dos años.
Más de 50 aerolíneas afectadas, capacidad reducida, temporada alta encima y decenas de aviones esperando revisión.
La ecuación es simple:
menos aviones disponibles + más demanda = riesgo operativo.
Para proteger los planes de viaje de más de 220 mil pasajeros esta temporada, Volaris recurrió a la figura legal del arrendamiento húmedo (wet lease) por hasta 43 aeronaves.
Es un mecanismo permitido, acotado y temporal.
La empresa asegura que actuó dentro del marco legal, con tripulaciones propias en cabina de sobrecargos, sin afectar salarios, jornadas ni derechos laborales.
Punto a favor: transparencia operativa.
Punto débil: el mensaje político.
Porque aun cuando la figura es legal, la autorización de la SICT —esa sí— abre un boquete regulatorio que puede convertirse en precedente para normalizar algo que nunca debió estar sobre la mesa: que tripulaciones extranjeras “salven” operaciones domésticas mexicanas en nombre de la conectividad.
La soberanía aérea no se negocia. La seguridad tampoco.
En paralelo, otro frente aéreo enciende luces de advertencia: Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), a cargo de JAVIER ALONSO VEGA DOUR.
Durante una reunión entre representantes ciudadanos y JOSE ALFREDO COVARRUBIAS, del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo de México (Sinacta), quedó algo claro: están pidiendo menos presupuesto para un servicio que cada día opera más vuelos, más aeropuertos y más territorio.
Es como pedirle a un controlador que vigile tres radares con un solo monitor.
Logísticamente ilógico. Operacionalmente riesgoso.
Y Covarrubias lo dijo con precisión: no se puede excluir a la sociedad —ni a los expertos— del rediseño de salidas y llegadas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Mucho menos cuando vivimos en una saturación crónica disfrazada de “equilibrio técnico”.
La pregunta que flota en el aire es simple:
¿Dónde está el piloto?¿Quién está tomando las decisiones en la política aérea de México… y bajo qué criterios?
Porque cuando la autoridad se dobla, la operación se complica.Y cuando la regulación se estira, la seguridad se encoge.
La aviación mexicana ha sobrevivido peores crisis.
Pero nunca —nunca— ha salido bien librada cuando la improvisación se sienta en la cabina principal.
Aquí no hay margen para la narrativa. Aquí solo hay cielo… o no hay cielo.
Y hoy, la turbulencia no está en las nubes. Está en el escritorio.
¡Queda Dicho!
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