La Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), bajo el timón del Almirante RAYMUNDO PEDRO MORALES ÁNGELES, vive quizá la crisis de imagen más profunda de su historia reciente.
La institución que durante décadas encarnó disciplina y honor naval enfrenta hoy un escrutinio inédito.
En los últimos meses, nombres, cargos y operaciones antes asociadas al combate al crimen han quedado vinculados a señalamientos de corrupción, tráfico de hidrocarburos, asesinatos de testigos clave y una cadena de silencios que oscurece su prestigio.
El epicentro de este maremoto lleva un nombre que ya no es de mar ni de puerto. De acuerdo con resoluciones judiciales, la red presuntamente encabezada por el vicealmirante MANUEL ROBERTO FARÍAS LAGUNA y su hermano, el contralmirante FERNANDO FARÍAS, facilitó el desembarque de por lo menos 31 buques cargados con huachicol fiscal en las aduanas de Altamira y Tampico.
La Fiscalía General de la República (FGR) documenta que entre 2023 y 2025 se habría tejido un sistema de extorsión, tráfico de combustible y protección criminal con la complicidad de funcionarios aduaneros y oficiales navales.
En el mismo periodo, SEMAR ha expandido su esfera de control: JUAN JOSÉ PADILLA OLMOS, bajo el conglomerado Grupo Aeroportuario Marina, dirige no solo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sino también las terminales de Ciudad del Carmen, Campeche; Obregón y Guaymas en Sonora; Matamoros, Tamaulipas; Loreto, Baja California Sur, y Colima.
A partir de este mes, según anunció el gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, el grupo a cargo de Padilla Olmos también asumirá la operación comercial del Aeropuerto Nacional de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
La marina no sólo absorbió la responsabilidad de cuidar el AICM, sino que también quedó al frente de actividades como la recaudación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) y la administración de recursos.
Hoy, además, controla el suministro de turbosina y adjudica contratos de obra bajo el resguardo de acuerdos de seguridad nacional, un blindaje que profundiza la percepción de opacidad, agravada por inundaciones pluviales.
La Marina, junto al Ejército, es pilar del actual modelo de seguridad pública. Su creciente presencia en puertos, aduanas y aeropuertos le otorgó un papel que va mucho más allá de las aguas territoriales. Sin embargo, lo que durante años fue sinónimo de confianza ahora se ve desafiado por la sospecha.
El dilema es de fondo: ¿cómo garantizar que las fuerzas armadas conserven legitimidad cuando las sombras de la corrupción parecen filtrarse en sus más altos mandos?
El país necesita una Marina fuerte, confiable y sujeta a controles civiles efectivos.
La justicia deberá probar cada acusación, pero la narrativa pública ya cambió.
La institución que fue ejemplo de honor naval está obligada a rendir cuentas y limpiar su nombre con hechos, no solo con comunicados.
En las mesas de café de los puertos, en los pasillos de aeropuertos como el de Guaymas y en las charlas de las plazas públicas, la pregunta ya no es si existe un problema, sino cuán profundo es y hasta dónde llega el mar de problemas administrativos.
¡Queda dicho!
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