Como parte de una estrategia unilateral, y sin haberse registrado alguna clase de consenso con todos los involucrados, el gobierno federal ordenó que toda la carga aérea que llegaba al aeropuerto Benito Juárez fuera trasladada, por decreto Presidencial del 19 de Julio del 2022, al de Santa Lucía, lo que sucedió a partir de marzo del año 2023.
Según se dijo, esta orden fue dada con el objeto de descongestionar el aeropuerto Internacional de la ciudad de México que ha estado en operación desde Noviembre de 1952 aunque ha quedado claro que en realidad la intención siempre ha sido tratar de aumentar el tráfico de aeronaves en el aeropuerto de Santa Lucía.
Otro ejemplo es la restricción de operaciones aéreas por hora en el Benito Juárez (de 61 a 48) que también fue tomada sin consenso alguno y con la clara intención de obligar a las aerolíneas comerciales nacionales y extranjeras a migrar operaciones al Felipe Ángeles, lo que hasta hoy no ha sucedido.
La aviación comercial no ha podido explotar sus operaciones en en este aeropuerto principalmente por la lejanía (45 kilómetros del AICM) y la falta de conectividad terrestre y de seguridad.
La decisión de trasladar toda la carga aérea a Santa Lucía ha impactado en tiempos y costos del traslado terrestre porque además es necesario el paso de toda la carga en los recintos de aduanas en el Benito Juárez y las líneas aéreas de carga han debido reconfigurar rutas y almacenes para mantener su eficiencia.
La infraestructura del aeropuerto de Santa Lucía es limitada porque no cuenta con la capacidad operativa que se necesita en aduanas, recintos fiscalizados y conectividad por carretera y aunque se han llevado a cabo algunas inversiones hace falta llegar a las condiciones óptimas para mover carga aérea y comercial a gran escala.Las empresas de carga se vieron obligadas a invertir en las nuevas instalaciones, equipos y logística para operar en el AIFA y algunas llegaron a considerar dejar de operar en México si los costos de operación no ofrecían condiciones competitivas.
Hoy nuestra industria aérea está enfrentando una nueva amenaza de sufrir restricciones por parte del gobierno norteamericano debido a que esta decisión, y algunas otras que se han tomado, no cumplen con los convenios bilaterales firmados en materia aérea.
Estas restricciones estarían afectando de manera importante a nuestras aerolíneas comerciales y principalmente a la antigua y eficiente sociedad entre nuestra línea aérea bandera, Aeroméxico, y la norteamericana Delta.
Muchas de las consecuencias que hoy padece nuestra aviación son debidas, en principio, a la cancelación del aeropuerto de Texcoco al inicio del sexenio pasado.
Por otra parte, esa cancelación ha arrojado deudas millonarias en dólares con tenedores de bonos mismos que son pagados con la entrada de dinero por concepto de impuestos que pagan los pasajeros que utilizan el Benito Juárez.
Tristemente este importante aeropuerto, a pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Marina a cargo de su administración, se ve en claro declive en sus diferentes áreas incluyendo la de maniobras como, plataformas, calles de rodaje y pistas, las cuales ya exigen de manera urgente todo tipo de reparaciones.
De vuelta al aeropuerto de Texcoco, hay que recordar que fue planeado para ser el Hub de las Américas y que hoy estaría ya funcionando al 90% de su capacidad cercana a los 90 millones de pasajeros y casi 700 mil de operaciones al año con sus seis pistas y 68 posiciones de contacto convertido en un detonante económico que hoy tanta falta le hace a México. La SICT (Secretaria de Infraestructura Comunicaciones y Transportes) ya ha contestado al gobierno de USA aludiendo a que las decisiones tomadas en materia de aviación han sido para mantener seguridad y eficiencia sin aportar datos, sin embargo, no se habla de la toma de decisiones que han terminado por incumplir con convenios aéreos y de ahí la posibilidad de sufrir las restricciones que puede imponer el Gobierno Norteamericano.
Ojalá que nuestras autoridades gubernamentales encuentren la manera de evitar estas restricciones que afectarían gravemente a nuestra industria aérea, por cierto ya muy golpeada por decisiones unilaterales por parte del gobierno federal, y en consecuencia, para la economía del país.
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