Desde que tomó posesión el presidente Trump para iniciar su segundo mandato, tanto el sector público como el privado de nuestro país se encuentran inmersos en un estado de incertidumbre política, económica y jurídica derivado de las declaraciones, medidas, sanciones, imposiciones, órdenes ejecutivas y demás actos de gobierno que ha decretado a diestra y siniestra dicho mandatario.
Haciendo a un lado la tropelía del cambio de nombre del Golfo de México al Golfo de América, sin duda, el anuncio de la imposición de aranceles y la reciente declaratoria de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, han sido hasta el momento, los actos “Trumpistas” que mayores efectos tendrán en el gobierno y en el sector empresarial mexicano.
Refiriéndome al tema de los aranceles, claramente de concretarse esta medida, existirán afectaciones a buena parte de la cadena productiva exportadora de nuestro país que esté relacionada con los productos gravados por los aranceles, y cabe decirlo, también habrá efectos negativos para los importadores y consumidores americanos.
La afectación para México se vería reflejada en posible desaceleración de la economía, en incremento en la tasa de desempleo y en aumento de la inflación. Sin embargo, para los consumidores en los Estados Unidos (EUA) se generaría un considerable aumento en los precios de los productos gravados, inflación, escasez de productos y disrupciones en las cadenas de suministro.
Con el desatinado tema de los aranceles, naturalmente la demanda de carga área tendrá cierta desaceleración a nivel regional y global con relación al crecimiento que se logró en el 2024, siendo parte de esta desaceleración la reducción que sufrirá el movimiento de ecommerce hacia EUA, considerando en contraposición la creciente oferta actual en el mercado global de carga aérea.
Sustituir las exportaciones hacia EUA es un emprendimiento que de suyo no sería siquiera razonable, nuestro vecino país del norte es, por mucho, nuestro principal socio comercial, y esa situación no deberá de cambiar.
No obstante, voltear la mirada a otros mercados para reducir la dependencia comercial no es en absoluto descabellado. México cuenta actualmente con una red de 14 Tratados de Libre Comercio (TLC) que involucran a 50 países, así como con 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 31 países. Diversificar mercados y poner los huevos en varias canastas son recetas ya muy probadas, que en buena parte de las ocasiones surten efectos positivos.
Ahí están esperándonos varios países latinoamericanos como Colombia, Costa Rica, Perú, Panamá y Chile, con los que tenemos TLC (por mencionar algunos), para incrementar y detonar de una buena vez el verdadero valor del comercio con dichas naciones que tienen un enorme potencial. Hablando de otras latitudes, en enero de este año, se concluyó con la “modernización” del TLC con la Unión Europea, que mejor momento para explotar al máximo las ventajas y beneficios del libre comercio con los países europeos, que han sido socios comerciales históricos de nuestro país.
Y ni que decir de China y Japón, gigantes comerciales ansiosos de continuar expandiendo el comercio con México, además de los 4 tigres asiáticos (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán) con quienes también podría detonarse un intercambio comercial con enormes perspectivas de crecimiento.
Otras recomendaciones de los especialistas para afrontar y gestionar de forma estratégica los posibles impactos de medidas arancelarias son:
- Revisar a fondo los contratos comerciales y de proveeduría que pudieran tener algún impacto financiero negativo,
- Revisar los procesos de las cadenas logísticas y de suministro para identificar afectaciones, áreas vulnerables y áreas de oportunidad,
- Identificar proveedores alternos en geografías con menores barreras arancelarias.
Ahora bien, refiriéndonos a la reciente declaratoria de organizaciones terroristas a ciertos cárteles mexicanos por parte del presidente Trump, tendrá también efectos que deberán ser materia de análisis y correspondiente implementación de planes de acción para mitigar el impacto negativo que pueda generar en las empresas.
El especialista Sandro García Rojas, señaló recientemente que derivado de esta declaratoria del mandatario americano, “podrían generarse posibles operaciones especiales del gobierno americano de investigación a líderes criminales, podrían generarse tensiones diplomáticas en la relación bilateral entre ambos países, y sin duda, vendrá una mucho mayor supervisión y vigilancia en materia financiera, endureciéndose los controles bancarios y ampliándose la inspección y verificación sobre las empresas a las que se les detecten riesgos de incurrir en operaciones inusuales o con recursos de procedencia ilícita”.
En este tenor, las empresas aéreas como parte de sus estrategias corporativas deberán:
- implementar y mantener actualizados sus procesos de cumplimiento regulatorio,
- revisar sus algoritmos y mapas de riesgo,
- fortalecer sus mecanismos de control y auditoría interna,
- optimizar las herramientas de denuncia interna,
- actualizar sus políticas de anticorrupción, integridad y transparencia.
Además de lo anterior, implementar y/o fortalecer la estructura de gobierno corporativo, fortalecerá a la empresa para que estén en condiciones de afrontar de la mejor forma estos nuevos riesgos emergentes.
García Rojas mencionó también que, si México coopera con EUA, se fortalecerán los lazos de colaboración en materia de seguridad nacional y lavado de dinero, y se evitarían sanciones económicas e imposición de medidas comerciales a nuestro país. En ese sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podría congelar cuentas e iniciar procesos sancionatorios contra los posibles involucrados. Si México no coopera con EUA, el gobierno americano podría ejecutar operativos unilaterales, aumentando la violencia y las tensiones diplomáticas, podría empezar a usar y a hacer pública información reservada sobre asuntos de corrupción entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado para presionar al gobierno mexicano, sin duda se podrían endurecer las sanciones comerciales y migratorias, y podrían generarse repercusiones muy negativas en la próxima negociación del T-MEC.
En síntesis, esta designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, marca un parteaguas en la relación bilateral entre México y los EUA, que tendrá contundentes consecuencias en materia política, diplomática, de seguridad nacional, financiera, comercial, migratoria y desde luego en el sector empresarial de nuestro país. La decisión del gobierno de mexicano entre cooperar con el vecino país del norte o resistirse, será de trascendencia histórica y con riesgos y consecuencias inéditas, cualquiera que sea el camino que se elija.
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