Por lo reciente y repentino de la noticia, así como por mi formación jurídica, me es imposible no comentar y dejarme de pronunciar en este espacio acerca de la demanda judicial recién presentada por la empresa SAT Aero Holdings (antes Petrus Aero Holdings Inc.) en contra de la “Aerolínea del Estado Mexicano S.A. de C.V.” (Mexicana de Aviación), ante un Tribunal Federal del Estado de Nueva York, en la que se le reclama el pago de 838 millones de dólares (en números redondos) como suma principal, más cantidades accesorias, alegando supuestos incumplimientos contractuales entre otros hechos argumentados por la empresa demandante.
Solo como contexto, esta empresa SAT Aero Holdings fue contratada por Mexicana de Aviación literalmente para “aceitarla y ponerla en operación”, gestionando el arrendamiento de las aeronaves que operaría, contratando y capacitando a sus tripulaciones, gestionando el mantenimiento de la flota, entre otros varios procesos.
Se trate o no de un tema político, tenga o no buena reputación la empresa accionante, tenga o no suficientes argumentos y fundamentos legales la demanda, el hecho es que ya la admitió el juez de la corte neoyorkina, ya se le notificó formalmente a Mexicana de Aviación (además ya se hizo pública), y por lo tanto esta última tendrá que contestarla a través de la contratación de un abogado a abogados litigantes americanos de buen nivel que estarán haciendo sonar la caja registradora a razón de 800 dólares por hora de servicios (promedio) en el mejor de los casos, a menos que decidan contratar a algún rábula americano que pueda cobrar honorarios inferiores con el riesgo correspondiente en la calidad y efectividad de los servicios legales requeridos.
Presentar una demanda ante un tribunal judicial en los Estados Unidos no es un tema menor, y ya admitida ésta, obliga al demandado a defenderse profesional y éticamente, a conducirse con verdad y a agotar todos los medios legales de prueba para sustentar debidamente sus alegatos de defensa. Ya se verá con qué argumentos jurídicos cuenta Mexicana, mientras tanto, tendrá que presentar debidamente sus excepciones y defensas, ofrecer las evidencias jurídicas respectivas para aportarle al juez de la causa los medios de convicción idóneos que logren por un lado: i) desvirtuar los hechos y argumentos vertidos por la empresa demandante, y ii) acreditar “la verdad y el dicho” que Mexicana plasme en la contestación a la demanda.
Sin duda, uno de los propósitos lógicos de la presentación de esta demanda es sentar a Mexicana de Aviación en la mesa de negociación, y ahí jugarán un papel importante los intereses y las decisiones políticas que se tomen al más alto nivel militar, pero también tendrán un rol muy importante los abogados postulantes americanos que estén representando a Mexicana, para dejarle en claro a los tomadores de las decisiones de la aerolínea estatal, las consecuencias que podría tener una decisión equivocada en el proceso de negociación que seguramente se activará.
Las sanciones como restringir vuelos de Mexicana a los Estados Unidos, no autorizar la operación de aeronaves con matrícula americana, negar la posibilidad de hacer negocios en territorio americano, siempre están latentes para el caso de una eventual resolución condenatoria que no llegara a cumplimentar Mexicana de Aviación, es un caso remoto, pero siempre hay que considerarlo.
Cabe recordar que Mexicana de Aviación no cuenta con grandes activos, o probablemente con ningún activo con que hacer frente a temas de garantías y/o aseguramientos derivados de esta demanda y en caso de un resultado definitivo desfavorable, el único activo es precisamente la marca “Mexicana de Aviación” y estamos todos claros que perderla sería verdaderamente lamentable y desafortunado, por decir lo menos.
Al igual que gran parte de las decisiones estratégicas para los temas críticos de la aviación mexicana, me parece que el futuro de Mexicana de Aviación ya no le corresponderá decidirlo a la presente administración. Tal como lo he sostenido en columnas anteriores, me parece que debería explorarse en la próxima administración la posibilidad de reorientar el modelo de negocio de Mexicana a un modelo de aerolínea con operación regional, enfocada en rutas no servidas o mal servidas actualmente, con vocación social y conectando destinos y segmentos de pasajeros que hoy no están debidamente atendidos.
Controversias jurídicas en materia de incumplimientos contractuales siempre han existido y continuarán presentándose, y para eso existen los tribunales judiciales, precisamente para dirimirlas conforme a derecho. Lo que no es una práctica ordinaria ni habitual en la industria aérea es contratar a un tercero, en este caso a una empresa de dudosa procedencia, para que se “encargue” de realizar las gestiones básicas y primarias para iniciar la operación de una aerolínea, como contratar el arrendamiento de la flota, así como contratar y capacitar a las tripulaciones, lo cual le corresponde realizar directamente a la administración de la aerolínea.
Por supuesto, para “armar” e iniciar la operación de una aerolínea se deben tener niveles de expertise, capacidad y conocimiento como los que se tuvieron cuando se planearon e iniciaron Volaris o VivaAerobus, para convertirlos en los casos de éxito que son actualmente.
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