Una de las cosas que más me agradan del apasionante tema de la investigación de accidentes e incidentes de aviación es que su objetivo determinar, hasta donde ello sea posible las causas que dieron origen al evento con el fin, claro está, también hasta donde ello realmente sea factible, de evitar que algo igual vuelva a ocurrir en las operaciones aéreas, lo anterior sin un ánimo punitivo hacia el o los involucrados.
El asunto comienza a salirse de contexto cuando, ya sea que la autoridad de la que depende la entidad investigadora, se sale del espíritu del Anexo 13 “Investigación de accidentes e incidentes de aviación” al Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional o permite por decisión soberana sumar un sentido punitivo a los dictámenes con la complicidad de agencias policiacas, procuradurías o cuerpos de seguridad civiles y militares que una vez involucradas en las investigaciones de un evento no tienen otro objetivo que no sea buscar culpables para castigar.
En algunos Estados Contratantes de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), caso de México, si bien la autoridad investigadora especializada en lo aeronáutico, llámese hasta donde entiendo, la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación dependiente, hasta donde entiendo de la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y digo reiteradamente “entiendo”, debido a que paradójicamente si hay algo complicado de entender hoy día es la gestión del actual gobierno federal, lo cierto es que en un accidente de aviación invariablemente se involucran esas agencias a las que me he referido con un carácter punitivo y lo que es peor: alterando la escena, manipulando, extrayendo o alterando evidencia y actuando de tal manera que en muchos casos la autoridad investigadora aeronáutica simple y sencillamente no puede ya hacer su vital labor, poniendo el peligro a los usuarios de la aviación nacional e internacional al impedir que las causas que dieron lugar al caso simple y sencillamente se desconozcan o no sean compartidas con la comunidad aeronáutica mundial.
Desgraciadamente, el impacto negativo del enfoque punitivo de las gestiones del desempeño no solamente toca al ámbito de los accidentes aéreos, sino a la cultura familiar, laboral, educativa y social en general. No cuesta trabajo encontrarse con núcleos públicos y privados en los que como parte de una miope estrategia el enfoque no es prevenir, sino castigar, con las consiguientes afectaciones en la moral de los involucrados, cuya motivación y autoestima pueden resultar seriamente dañadas ante regaños y castigos, las más de las veces injustificados.
Castigar por castigar daña a la familia, a la escuela, a la oficina y a la sociedad y claro está a la seguridad de las operaciones aéreas, principal interés de esta columna de opinión.
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