Finalmente, el gobierno federal dio por buena la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito que resuelve a favor de los sindicatos y asociaciones de trabajadores (la mayoría de quienes se quedaron sin empleo aquel 28 de agosto de 2010) y que posibilita la venta de la marca Mexicana de Aviación y otras que pertenecieron a esa empresa, más algunos activos como inmuebles y dos simuladores, que ahora pasarán a formar parte del patrimonio del gobierno.
El final agridulce de la historia es que no se hizo justicia, porque la quiebra maquinada nunca fue perseguida ni sus actores enjuiciados; no hubo responsables que fuesen castigados ni se entró al fondo del asunto. Todo queda en declaraciones y un monto simbólico, para saldar lo que quedaba de la que alguna vez fue la Primera Línea Aérea de Latinoamérica.
Sin duda se pudo hacer más. Este gobierno en lo particular pudo ir más lejos y apoyar más, por ejemplo, dejándole a los trabajadores los dos almacenes fiscalizados de donde se obtenían recursos o haberlos pagado en lo que valen. Se pudo iniciar una investigación real y a fondo con los documentos disponibles y se pudieron ejercer órdenes de aprehensión que estaba vigentes en el inicio de la administración.
Sin embargo, después del desgaste de 13 años de lucha y de esperar en vano el resarcimiento de los fondos de jubilaciones ahorrados durante años, por todos en una u otra medida, lo cierto es que al menos habrá algo de paz y de recursos en manos de quienes esperaron en vano el reflotamiento de la aerolínea, pero operada por sus trabajadores.
Hoy, el nombre de Mexicana de Aviación será usado por la empresa Olmeca-Maya-Mexica, aunque los jubilados que vieron su laudo derrotado en la resolución del Tribunal Colegiado advierten que seguirán pugnando por obtener esos recursos que, aunque el laudo les reconoce, no están disponibles para ese fin.
Faltan varios pasos para que el asunto termine de concretarse. En primer lugar, que la sentencia emitida el 6 de julio se publique, lo cual implica un procedimiento de la judicatura. Dos, que se haga el “engrose”, es decir, que se complete el expediente completo con todos los formalismos y se difunda. Y tres, que cause efectos, es decir, que ya sea un hecho.
Hasta entonces, un proceso que puede ser tan rápido como los jueces lo determinen o tan lento como que las vacaciones están al llegar, el gobierno deberá depositar en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el monto total de la compra, es decir, 816 millones de pesos. ¿Quién los desembolsará? Es una buena pregunta: será difícil saber de qué presupuesto saldrán los fondos. Tal vez la parte que tiene que ver con los activos que se quedará la Agencia Federal de Aviación (AFAC) puede salir de algún ahorro de la SICT, pero ¿y la marca? ¿Tendrá la Sedena o la empresa O-M-M los recursos y la autorización para disponer de ellos en la compra de una marca comercial? Veremos pronto cómo se aterriza este asunto. Por lo pronto, se queda un vago sabor agridulce: algo recibirán los trabajadores que tanto lucharon. No lo que les corresponde, no lo que pudo ser. Pero algo es algo. Ni hablar. E-mail: raviles0829@gmail.com
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