Al igual que está sucediendo con casi todas las industrias mexicanas, nuestra aviación comercial sigue, de una forma u otra, bajo una especie de ataque gubernamental constante, un ataque que es perfectamente visible y que podría traer serias consecuencias
La degradación de las autoridades aeronáuticas de México a la categoría 2, no fue una casualidad, nuestro país se la ganó a pulso como consecuencia de un descuido casi sistemático y de muchos años en el cumplimiento de las reglas internacionales, a las que los países miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), como México, están sujetos desde 1947.
Durante el peor periodo de la pandemia COVID, las aerolíneas mexicanas requirieron apoyo económico, tal y como los gobiernos de otros países lo dieron a sus empresas aéreas, pero este apoyo fue negado por el Gobierno Federal.
Esta falta de apoyo llevó a las líneas aéreas nacionales a una crisis, de la que no todas pudieron salir, incluida nuestra aerolínea bandera Aeroméxico, que estuvo incluso en el capítulo 11 de la Ley de quiebras de Estados Unidos.
A partir de entonces, nuestra industria aérea y sus aerolíneas han mantenido una gran batalla, no solo en contra de las consecuencias de la pandemia, sino de las constantes decisiones que ha tomado el gobierno, que no le han permitido consolidar su situación económica y operativa.
Esas decisiones se han convertido en un verdadero lastre.
Hoy mismo, nuestras tres principales líneas aéreas, Aeromexico, Volaris y Viva, siguen creciendo y adquiriendo las aeronaves más modernas del mundo, las cuales no pueden ser utilizadas en rutas a Estados Unidos (su mayor mercado), justamente por ser una restricción que impone la categoría 2.
También se ha tomado la decisión de enviar a todas las aerolíneas de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con los altos costos que esto significa, y las aerolíneas nacionales se han visto prácticamente obligadas a operar algunos vuelos en este aeropuerto, a pesar del reporte de pérdidas financieras por falta de pasajeros.
Al menos la posibilidad de permitir el cabotaje, que hubiera sido un tiro de gracia para la industria aérea, ya ha quedado fuera de la nueva ley de aviación civil.
Por otra parte, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) sigue afectando a las aerolíneas comerciales, de carga, ejecutivas y escuelas, debido a que todos sus procesos, incluidos los de entrega de licencias y capacidades a pilotos ya entrenados, técnicos de mantenimiento y despachadores de vuelo, tardan meses, lo que ha provocado dejar incluso aviones en tierra por falta de licencias para el personal.
En fin, de muchas maneras, nuestra industria aérea está siendo dañada por decisiones políticas que parecen no tomar en cuenta su importancia como motor de desarrollo económico y social del país.
Faltan solo meses para saber si la situación va a cambiar.
Ojalá que nuestra aviación, a pesar de los obstáculos que enfrenta, sobreviva y logre seguir la ruta del éxito, y no la de la mediocridad
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