En las dos últimas entregas semanales hemos comentado en este espacio cómo la coyuntura inusitada a nivel internacional de la pandemia global del COVID-19 trae como efectos colaterales un entorno de posibles riesgos y amenazas a la seguridad aeronáutica, nacional e internacional. También hemos comentado cómo mientras que el mundo hace una afrenta directa a los retos que impone esta situación, México parece que sigue en una marcada apuesta al antepasado y a negarse a identificar lo evidente. Es entonces propicio en esta entrega manifestar algunas vulnerabilidades adicionales de este contexto nacional e internacional.
En primer lugar, debemos identificar que las vulnerabilidades se pueden dividir en dos grandes grupos: los riesgos de carácter internos al fenómeno que estudiamos, y las amenazas como variables deliberadas o colaterales externas. En el caso de los riesgos aeronáuticos, como hemos señalado con anterioridad tenemos problemas de mantenimiento, de seguridad aérea material y de instalaciones, así como de posibles omisiones protocolarias y de procedimientos orientados a la certidumbre técnica y física. Sobre estos temas hemos ya comentado en la entrega anterior, por lo que resulta redundante hacerlo.
Sin embargo, en el caso de amenazas podemos adentrarnos en un entorno potencialmente más complejo. Lo anterior debido a que se originan por fenómenos y procesos externos que potencialmente pueden influir negativamente en el desempeño aeronáutico. Tal es el caso del narcotráfico, el lavado de dinero, la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, el extremismo violento, y el tráfico ilícito de mercancías. Estos fenómenos -entra tantos otros más- debido a su situación de actividades fuera del marco normativo nacional e internacional, buscan entornos dónde puedan conducirse. Debido a su dinámica, prácticamente todas las actividades sociales reguladas cuentan con disposiciones generales normativas para minimizar la posibilidad de que estas actividades nocivas puedan encontrar espacios para permear y desarrollarse.
Lamentablemente, con la coyuntura global de la pandemia, buena parte de la atención internacional se ha concentrado, justificadamente, en la contención y atención a los riesgos sanitarios. Lo anterior ha creado “áreas grises”, es decir, espacios que se encuentran regulados para impedir su utilización por fenómenos antisociales pero que debido a la coyuntura de la lucha contra la pandemia no han recibido la atención y seguimiento apropiado. Lo anterior ha generado una condición conocida como “ceguera cognitiva”, la cual implica que mientras la atención generalizada se encuentra en un aspecto o tema particular, es altamente probable que se generen y manifiesten fenómenos colaterales sin nuestra total percepción.
Eso es exactamente lo que potencialmente puede ocurrir en el entorno aeronáutico internacional, ya que mientras que buena parte de la atención se ha concentrado en la atención de problemas sanitarios, se ha “descuidado” relativamente la atención a las medidas de seguridad preventivas y disuasivas de el uso de recursos aeronáuticos por fenómenos delincuenciales y/o antisociales. Este es un tema complejo, ya que el año pasado vimos una disminución masiva de operaciones aéreas a nivel global, pero también de la presencia de autoridades supervisoras de carácter integral.
Sin duda es posible argumentar, entendiblemente, que la prioridad del momento se encontraba en la contención del COVID-19. Y aunque en términos reales esto no ocurrió, si ha sido el tema de mayor importancia internacional por varios meses ya. Esto ha creado condiciones que organizaciones delincuenciales y terroristas pueden aprovechar, ya que éstas al buscar un entorno permisivo o vulnerable para llevar a cabo sus labores de infiltración y vulneración, no podrían haber encontrado mejor coyuntura. Efectivamente, las agencias de inteligencia y seguridad a nivel internacional son perfectamente conscientes de esta situación, y aunque con capacidades disminuidas por la coyuntura, han seguido dando seguimiento a estos fenómenos.
Sin embargo, por desgracia, al existir un mínimo de oportunidad y probabilidad de que organizaciones antisociales e ilegales empleen esta coyuntura debemos como comunidad aeronáutica apercibirnos como alertados y buscar activamente minimizar en la medida de lo posible estas “áreas grises”, así como ejercer de manera activa las disposiciones generales y específicas que disuadan este tipo de actividades. En Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico estos esfuerzos se han intensificado considerablemente desde el mes de enero, al reconocer internacionalmente que algunos grupos delincuenciales y extremistas potencialmente han aprovechado las vulnerabilidades del sector aeronáutico durante el 2020 para incrementar sus operaciones. De manera discreta pero contundente han intensificado sus protocolos de actuación disuasiva, y han logrado integrar estos de manera eficiente con las medidas reactivas al COVID-19.
Por desgracia en nuestro país la historia es totalmente otra. Concentradas en la imagen pública y en tratar de transmitir un mensaje que a todas luces es imposible de mantener, nuestras autoridades nacionales siguen sin ejercer los protocolos reactivos y disuasivos ante operaciones delincuenciales en la aeronáutica nacional. De hecho, desde diciembre del 2018 ha sido notoria la falta de atención y de seguimiento a los protocolos disuasivos de operaciones ilícitas a través de medios aeronáuticos nacionales por parte de las autoridades mexicanas.
Desde la emisión de certificados, licencias y permisos hasta el uso inadecuado de matrículas y otros identificadores aeronáuticos, la presente administración tiene un gravísimo problema nacional en lo que se refiere al seguimiento de procedimientos y trámites administrativos. Este contexto ha sido propicio para que algunos grupos delincuenciales encuentren en nuestro sector un espacio permisivo y con relativa baja supervisión para llevar a cabo sus operaciones ilícitas.
Es responsabilidad de la Agencia Federal de Aviación Civil, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Fiscalía General de la República, el Sistema de Administración Tributaria, y otras autoridades competentes dar atención directa a estas áreas de vulnerabilidad, y dar puntual seguimiento a aquellas irregularidades que sean detectadas. Como se conoce bien en nuestro sector, éstas son bastante elevadas, y van en aumento. Sugerir que durante el 2020 y e inicio del 2021 no pudieron dar seguimiento a estos temas “por la pandemia” es justificar negligentemente la no acción gubernamental para combatir estos fenómenos antisociales y nocivos para nuestro sector y la sociedad en su conjunto.
Este tema da para mucho más. Existen importantes “áreas grises” que debemos atender, y que las autoridades deben identificar para suprimirlas. Recordemos que la atención a estas vulnerabilidades robustece a nuestro sector e industria, y que toda acción a favor de la observancia normativa fortalece a la aviación nacional y nos hace ser más competitivos a nivel internacional. Pero más importante: hacer a la aviación más segura integralmente. Este debería ser nuestro objetivo permanente.
