La sabiduría popular y los consejos de sabios son referente indiscutible para aclarar y discernir la cotidianidad. Siempre y cuando uno tenga sentido común, lógica básica, congruencia cognitiva y madurez intelectual. De lo contrario, nos arriesgamos no sólo a cometer imprudencias, sino a incidir en negligencias irresponsables y a argumentar obviedades sin sustento. Eso es lo que tal parece que ocurre en nuestro país, particularmente desde hace dos años, donde se mal emplea esa “sabiduría popular” para justificar desatinos, imprudencias e incoherencias. El resultado esta a la vista, y dos años de iniciada esta administración de manera abierta esta para cualquier observador maduro y racional el resultado de la falta de competencia y la cerrazón ideologizada.
En las últimas semanas tal pareciera que se ha acelerado dramática y vertiginosamente la serie de “desatinos” (veámoslo de manera generosa) del gobierno federal bajo instrucciones “irreflexivas” (por ponerlo de manera cordial) del titular del ejecutivo. Numerosos especialistas nacionales e internacionales lo han señalado una y otra vez; pero el asiento del Palacio Nacional más que observaciones responsables y constructivas se perciben -y se reacciona en consecuencia- como oposición personal, y por tanto contra el país entero. Tal pareciera que a diario se invoca en Palacio Nacional el infortunado resabio de Luis XIV ante su corte en abril de 1655 (“¡El Estado soy yo!”), donde no caben otras opiniones, observaciones o indicaciones, sino sólo la voz el mandatario incuestionable por naturaleza personal.
Sin embargo, debemos regresar a esa sabiduría nacional bien informada para ayudarnos a esclarecer las cosas. Una de esas frases es “Lo que mal empieza, mal acaba”. Y tal parece que a muchas de sus desafortunadas decisiones este laudo aplica, ya que a dos años de iniciado su gobierno seguimos buscando un solo proyecto o iniciativa que haya dado buenos resultados o frutos. Para fines prácticos, y los datos duros nacionales e internacionales lo respaldan incuestionablemente, no esta funcionando el “plan” como se esperaba, si es que había uno en un principio.
Lo mismo aplica en nuestro ámbito de competencia aeronáutica nacional. Decía uno de los grandes referentes nacionales castrenses del siglo pasado, figura icónica de la nación y encumbrada figura de nuestro Ejército Mexicano, General Álvaro Obregón Salido, quien cuando casi al término del primer cuarto de la centuria pasada se distinguió como gran estratega y comandante de las campañas en el norte de nuestro país en el marco de la Revolución Mexicana señaló una trascendente reflexión de mando, que perdura hasta nuestros días en el pensamiento militar contemporáneo de nuestras instituciones militares y navales: “El primer error es el que cuenta, los demás son consecuencias”. Este adagio posteriormente sería invocado por otros pensadores estratégicos, incluyendo al Coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y tal vez uno de los intelectuales estratégicos más importantes del siglo pasado John Boyd: “El primer error determina las acciones consecuentes; si no se enmienda rápida y eficientemente se condena a una entrada en pérdida insalvable”.
Estas reflexiones ineludibles no pueden sino aplicarse a los “proyectos insignia” de esta administración, pero en particular a uno que ha sido invocado y reiterado en incontables ocasiones: el Aeropuerto Felipe Ángeles o mejor conocido como Santa Lucía. Bajo la lógica obregonista, el primer error fue el contó y determinó lo demás: cancelar indebidamente el proyecto aeroportuario de Texcoco y favorecer una concepción reduccionista y de subejercicio enriquecido, es decir, poner un “aeropuerto” en la Base Aérea Militar No. 1. Desde el primer momento esta idea fue cuestionada, pero bajo la ilógica argumentación de “va por que va”, se cometieron errores uno tras otro. Para tapar el problema que se había generado se gestionaron desaciertos cada vez más evidentes, al punto que actualmente difícil es discernir una determinación de otra en este “proyecto”, cayendo en la incontrovertible realización de que toda esta maraña de desatinos se convertirá en un producto barato, que dista mucho del alcance de aquel proyecto que “sustituyó”.
Debemos ser claros y congruentes: aunque la lógica de un argumento sea mayoritariamente aceptable (no necesariamente correcta o bien sustentada) si la primera premisa está mal, todo el argumento es erróneo. Es así como la semana pasada vimos -admitidamente, sin sorpresa- que la Secretaría de la Defensa Nacional creará una empresa llamada AIFA S.A. de C.V. Esta entidad será presidida por el presidente de la República, y su objetivo será administrar el aeropuerto Felipe Ángeles. Sus funcionarios serán personal militar, y será una extensión de la SEDENA para operar y explotar el aeropuerto para fines institucionales. Lo anterior llama la atención, por que esta Secretaría de Estado como entidad administrativa, así como las tres fuerzas armadas que le integran como componentes operativos, no tiene facultades jurídicas para tales fines.
Claro, era de esperarse que este aviso se diera con toda una amplia y plena “justificación legal”. Pero volvamos al eje central argumentativo: pese a que toda la explicación consecuente sea aceptable, si la primera premisa es incorrecta todo el sustantivo lo es por consecuencia. De esta forma, aunque a nivel institucional se alegue todo un conglomerado justificativo, las Fuerzas Armadas no están diseñadas para administrar un aeropuerto que desde el principio de dijo era civil (aunque en predio militar).
Nadie cuestiona que el personal militar mexicano esta muy bien capacitado, con excelentes intendentes, administradores militares, y con Diplomados de Estado Mayor General y Aéreo de gran profesionalismo, así como personal con posgrados nacionales e internacionales de renombre. Pero su ámbito de competencia y experiencia es militar, no civil. Es así que mientras no se cuestionan sus capacidades, instruir al personal militar que administre un aeropuerto civil con todo lo que eso implica es como ordenar a un médico cirujano que construya un edificio, o a un ingeniero civil constructor que realicen un procedimiento quirúrgico: nadie niega que sean excelentes profesionales, pero en su ámbito de competencia y experiencia.
En ese mismo anuncio la semana pasada se abordó el rediseño del espacio aéreo sobre el centro de México, pero ese tema lo abordamos en una columna anterior por lo que es innecesaria la repetición. Pero el tema de fondo sigue vigente ya que vemos que, en vez de enmendar el error, aceleran la entrada en pérdida a la John Boyd. Un error y desatino inicial que debió ser cubierto con una obra inmensa, que ahora se debe cubrir con acciones administrativo-operativas cuestionables, que apuntan a un desenlace atroz.
Se aclara al lector: por supuesto que el suscribiente no quiere que este proyecto fracase, o que “le vaya mal” al Estado y sus instituciones. Por el contrario. Sin embargo, es obligación profesional responsable de todos los que participamos de una u otra forma, en mayor o menor medida, en la construcción prospectiva de México señalar lo obvio, así como urgir a las autoridades a enmendar lo antes posible una serie de desatinos catastróficos, no sólo a administrarlos a ver “cuanto aguanta”. Invocamos nuevamente: lo que mal empieza…
