Uno de los problemas más difíciles de sortear en el tema de transporte aéreo tiene qué ver con la responsabilidad del Estado en materia de vías generales de comunicación. Hasta dónde llega su responsabilidad y desde dónde corresponde a los particulares la explotación de esas vías generales.
El transporte aéreo —a veces se olvida— es una actividad en estas vías generales que en la Constitución vigente sigue estando bajo la tutela del Estado y por ello su operación está sujeta a concesiones, no es una actividad de libre concurrencia y no cualquiera puede llegar mañana a establecer una empresa que preste servicios de transporte aéreo.
De ahí que el quebranto que sufrió Mexicana de Aviación en 2010 y que culminó con el cese de operaciones hace exactamente 9 años, no puede ser un asunto que se despache con un mohín de desinterés, como si hubiera sido un tema de “mala suerte”, un “asunto entre particulares” como dijo en su momento quien ocupaba la silla presidencial.
Una concesión para explotar las vías de comunicación es un tema que corresponde al Estado vigilar y ahí están la Constitución, las Leyes de Aviación Civil, los reglamentos y demás para cuidar que así sea.
Por eso es que los amparos, las demandas y las diversas formas de organización de los trabajadores de Mexicana, los más afectados, no pueden soslayarse como ha ocurrido de entonces a la fecha. Por eso es que la promesa de este gobierno de resolver el asunto no puede ser simplemente una declaración, tiene que pasar a los hechos.
La semana pasada, durante su conferencia matutina, el presidente no sólo criticó a los mandatarios que lo antecedieron por haber vendido como se hizo a las empresas de Cintra, Aeroméxico y Mexicana, sino que aseguró que el titular de SCT, Javier Jiménez Espriú está en contacto con los trabajadores para ayudarles “hasta donde se pueda” pues “se debe cuidar el presupuesto”.
Esta declaración puede decir mucho y nada al mismo tiempo. Todo depende del curso que sigan los acontecimientos. Lo que no puede suceder es que las cosas se queden congeladas en el tiempo y que sigan pasando los meses sin que los afectados principales reciban algo de lo mucho que se les debe. Y esto hay que resaltarlo: SE LES DEBE, no es una concesión gratuita, no es un regalo. La administración de Posadas en Mexicana no sólo se gastó la caja y los activos, se gastó algo que es sagrado: los ahorros de sus trabajadores.
Ésa es la razón por la cual el tema no puede —no debe— archivarse. Detrás del reclamo hay personas, profesionales de la aviación que dieron su vida a una empresa, que tuvieron que emigrar a otros países donde estaban solos o tuvieron que aprender a la mitad de la vida otros oficios, aceptar condiciones inferiores a los derechos laborales que ya habían alcanzado con su esfuerzo. Detrás hay familias enteras que dependían de ese trabajo, hijos que no pudieron ir a la Universidad o tuvieron que buscar becas; jubilados cuyos ahorros desaparecieron y que no pueden buscar otros trabajos por su edad. ¿Por qué es tan difícil que eso se entienda?
Lo oí en 123.45: Que llegue por fin, la hora de la justicia.
Twitter: @charoaviles
