Ha sido muy sonada la preocupación por el estrecho vínculo de la compañía de telecomunicaciones Huawei con el gobierno chino, la cual podría representar amenazas de seguridad nacional para los Estados Unidos, Europa y países aliados como México.
El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para prohibir cualquier tecnología electrónica o digital que el Secretario de Comercio de ese país considere una amenaza a la seguridad nacional, una medida presumiblemente dirigida a Huawei. En un caso similar, en el año 2017 el gobierno de los Estados Unidos afirmó que los drones comerciales de la compañía DJI y su software podrían estar enviando información sensible sobre infraestructura estadounidense al gobierno de China; como reacción, el Ejército de los Estados Unidos emitió una guía solicitando que sus agencias del gobierno dejaran de usar drones de la marca DJI debido a riesgos relacionados con vulnerabilidad de la seguridad.
Los círculos políticos y de inteligencia estadounidenses están comenzando a analizar cómo empresas y gobiernos pudiesen administrar los datos que recopilan. Con esto, empresas de tecnología de consumo se han vuelto cada vez más importantes en los debates sobre la seguridad nacional.
Para contrarrestar las preocupaciones sobre riesgos en la vulnerabilidad de la información, DJI, el mayor productor de drones a nivel mundial de origen chino, sacó al mercado dos modelos de drones para uso en agencias de gobierno. La arquitectura única de lo drones DJI “Government Edition” garantiza que los datos de esos aviones no tripulados, incluidas las fotos y los videos capturados durante el vuelo, nunca puedan ser compartidas de forma intencional o accidental con personas no autorizadas.
La noticia representa un paso significativo y positivo en la lucha continua de DJI para probar que los datos de sus clientes están seguros. En ese sentido, el 9 de julio pasado, el Departamento del Interior de Estados Unidos validó el rendimiento de la gestión de datos, carga útil y vuelo de los drones DJI Matrice 600 Pro y Mavic Pro equipados con firmware y software de la “Edición de Gobierno” después de una rigurosa evaluación y validación independientes que le tomó 15 meses de investigación sobre la solución de Edición de Gobierno de DJI.
Es importante destacar que el informe del Departamento del Interior concluyó con un par de puntos que giran en torno al hecho de que los drones requieren actualizaciones regulares de los fabricantes para mantenerlos optimizados y volando de manera segura. Lo primero que se debe tener en cuenta, según la conclusión del informe, es que “los resultados observados de las pruebas no se pueden extender a futuras actualizaciones de software, firmware o hardware de DJI Government Edition”, con lo que las actualizaciones posteriores de la Edición de Gobierno “requerirán pruebas de validación y verificación (V&V) adicionales antes de que se puedan otorgar aprobaciones para futuras versiones”.
Es de esperarse que las “pruebas de V&V necesaria de las futuras actualizaciones tendrán como resultado costos y retrasos adicionales del programa, dependiendo de la cantidad y la complejidad de los cambios propuestos”, una conclusión adicional es que la Edición de Gobierno de DJI por sí sola “no representa una solución sostenible a largo plazo … ”
No está claro si esta costosa validación de futuras actualizaciones sería necesaria si DJI no fuera una empresa china. En cualquier caso, fue recomendado por el Departamento del Interior de los Estados Unidos que los dos sistemas probados se utilicen sólo en “misiones que recopilan datos no confidenciales y que sean susceptibles de difusión pública”.
A conclusión, los sistemas actuales de DJI Government Edition han sido validados, pero no así las actualizaciones futuras sin previa verificación y validación, lo que podría no sea una opción viable a largo plazo.
La pregunta es si el costo de mantener esa confianza supera los beneficios potenciales del uso de drones DJI en misiones donde pudieran existir amenazas relacionadas con seguridad nacional de un país.
