En la 74 Asamblea General Anual de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, celebrada en Sídney, Australia, los directivos de esta organización plantearon uno de los problemas que le están complicando la vida a las aerolíneas comerciales: los costos de los aeropuertos, muchos de los cuales fueron privatizados en los años recientes y cuyas tarifas amenazan la viabilidad de los servicios aéreos, o al menos los encarecen gravemente.
A través de un estudio realizado por la consultora Deloitte, que muestra los resultados observados en 90 aeropuertos privatizados, se concluye que estos procesos, lejos de hacer más eficiente a la actividad aérea con su apoyo a las aerolíneas, han encarecido las tarifas y prestan servicios menos eficientes que muchos aeropuertos en manos gubernamentales, lo cual contradice la teoría de que las empresas privadas tienen mejores resultados.
De hecho, de las 6 terminales aéreas más eficientes, de acuerdo con el ranking de Skytrax, 5 son de propiedad mayoritariamente gubernamental y, algo aún más preocupante, las ganancias de los grupos privados que mantienen la propiedad de los aeropuertos privatizados son significativamente más altas que las que obtienen los gobiernos dueños de este tipo de infraestructura.
Pero lejos de sugerir que se reviertan los procesos privatizadores, la IATA propone reforzar la vigilancia de los gobiernos sobre los títulos de concesión de los aeropuertos y atenerse a las mejores prácticas en la materia, las cuales irán surgiendo tanto del estudio mencionado, como de un caso específico que se seguirá de cerca: la privatización del aeropuerto de Santiago de Chile.
Este es sólo uno de los casos en los cuales se muestra que el Estado como tal requiere redefinir su papel. Tenemos otros ejemplos muy preocupantes, muchos de ellos en nuestro país, como son la seguridad de las operaciones aéreas, la investigación de accidentes y la medicina de aviación, rubros en los cuales hay al menos un importante rezago en la asignación de recursos, en el fortalecimiento del papel de la autoridad y en la institucionalización de sus brazos operativos.
La aviación es un negocio que, si bien florece en la libertad –como dice el CEO de IATA, Alexandre de Juniac–, necesita un fuerte y decidido apoyo de los órganos gubernamentales encargados de mantener la infraestructura de soporte y de hacer valer las regulaciones que permiten que el transporte aéreo siga siendo lo más seguro en el mundo.
Curiosamente, muchos gobiernos han perdido el rumbo, preocupados más por “adivinar” los gustos de los usuarios que por velar por su seguridad. Así, se multiplican regulaciones sin substancia, como son los derechos de asignación de asientos, información excesiva, compensaciones desmesuradas por retrasos en los vuelos y otros derechos de los pasajeros –quienes por cierto buscan pagar lo menos posible por un asiento pero cobrar lo más por cederlo– y en cambio descuidan lo esencial, que es la seguridad.
Por ejemplo, señaló De Juniac, en la última década de aproximadamente mil accidentes ocurrido, sólo se han concluido satisfactoriamente las investigaciones de apenas 300, lo cual es violatorio del anexo 13 del Convenio de Chicago (que dio origen a la Organización de Aviación Civil Internacional).
Como se sabe, esto va directamente en contra de la tradición de la industria de documentar las fallas y emitir las recomendaciones que han permitido tener las mejores prácticas para incrementar la seguridad.
Es decir, necesitamos un sistema que apoye, que retome la rectoría del Estado en rubros indispensables pero que “deje ser” y florecer a la industria aérea. ¿Se logrará?
Lo oí en 123.45: Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio.
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