Lo menos que se puede decir de la gestión de los panistas en el tema del transporte aéreo y en concreto de Mexicana de Aviación es que les faltó lo que se llama “voluntad política”. Este eufemismo quiere decir que no hicieron su trabajo, sea por ignorancia, estupidez, mala fe o corrupción (que ellos elijan) pero en cualquier caso, la ley deberá aplicarse para juzgarlos.
La única declaración que hiciera en su momento el expresidente Calderón aludía a que el quebranto de la aerolínea era “un asunto entre particulares” (pretexto bajo el cual su gobierno no hizo absolutamente nada por ayudar, pero en cambio sí hizo mucho por terminar de hundir a la empresa).
Por el camino ayudó a que los entonces dueños de la aerolínea se deshicieran de sus obligaciones mediante una venta irregular por mil pesos de una empresa que estaba en ¡PLENO CONCURSO MERCANTIL…!
Hasta el momento nadie sabe qué pasará con el ex presidente del Consejo (y exdueño de Grupo Posadas) a pesar de que hay muchos indicios de que él y su grupo serían responsables de una quiebra fraudulenta maquinada con la ayuda de un abogado que, como el ex secretario de Comunicaciones, Juan Molinar, ya pasó a mejor vida.
Pero la declaración del ex presidente muestra, además, una arista que los tribunales podrían revisar con todo detalle. El que un presidente (abogado de profesión) desconozca la Constitución y las leyes que de ella emanan, las cuales expresamente jura guardar y hacer guardar (es decir, cumplir, vigilar, custodiar), es motivo de juicio político o al menos de una demanda para pedirle cuantas por no haber cumplido sus obligaciones.
En ese sentido, los artículos 27, 28 y 48 de la Constitución, la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Aviación Civil, por citar las más importantes, son muy claras. Todo lo que ocurrió en esos años (del 2010 al 2012) y que determinó que Mexicana dejara de ser una empresa viable (y que después se remataría con la formación del Fideicomiso Mexicana MRO número 2100 de Bancomext firmado el 31 de diciembre del 2014), es consecuencia de las decisiones de las autoridades federales.
El que un presidente de profesión abogado y sus funcionariosno supieran o no quisieran aplicar lo que las leyes en la materia estipulan (a saber que “el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional es una vía general de comunicación sujeta al dominio de la Nación”… y por lo tanto se concesiona bajo la vigilancia estricta de los órganos de gobierno) habla de negligencia y de omisiones graves.
Como el tema Mexicana aún está en veremos, no será una sorpresa que los trabajadores afectados recurran a las autoridades judiciales para demandar que esos funcionarios sean juzgados por irresponsables, omisos y posibles cómplices.
Por otro lado, aún no está claro qué pasará con el Fideicomiso que se ha formado para resarcir –aunque sólo sea en parte- la pérdida que sufrieron los trabajadores. El informe de la Auditoría Superior de la Federación 14-2-06GON-02-0233 recién publicado, menciona que el Convenio Concursal liquidador que integró los bienes que quedaron, explícitamente requirió de los trabajadores la renuncia a sus derechos de demanda, la aceptación de que Mexicana no volverá a volar so pena de perder sus derechos a la liquidación y el retiro de la demanda de substitución patronal contra Banorte, Nafin y Bancomext.
Esto significa que este gobierno tiene que resarcir el daño a la brevedad, pues de otra suerte los ex trabajadores de Mexicana se quedarán sin trabajo y sin liquidación. El peor de los mundos. Ha llegado el momento de cumplirles.
Lo oí en 123.45: Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio
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