El 9 de mayo, el Senado de los Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de aviación que tendrá efectos de gran alcance en la aviación general y comercial, reautorizando así a la Administración Federal de Aviación (FAA) y proporcionando financiación significativa para mejorar la infraestructura y la seguridad en toda la industria, tanto para la FAA como para la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).
El proyecto tiene como objetivo mejorar la seguridad, renovar la infraestructura y modificar las políticas de las aerolíneas para ayudar mejor a los consumidores.
Entre los cambios introducidos se encuentran la asignación de 105,000 millones de dólares (mdd) durante los próximos cinco años para la reautorización de la FAA, destinados a introducir nuevas tecnologías para el Control de Tráfico Aéreo (ATC) y contratar más controladores aéreos.
La NTSB recibirá 738 mdd para modernizar aeropuertos, introducir programas tecnológicos, codificar los requisitos de reembolso de las aerolíneas y mejorar la protección de los pasajeros discapacitados. Además, se establecen cambios como el registro de 25 horas de datos en las grabadoras de voz de la cabina y políticas de reembolso para retrasos en vuelos nacionales e internacionales.
El proyecto también impide que las aerolíneas cobren tarifas adicionales por asignar asientos a niños junto a adultos, establece un Defensor del Pueblo de la FAA y busca mejorar la coordinación en la respuesta a consultas relacionadas con certificaciones de aeronaves y pilotos, entre otros temas.
La HR 3935, aprobada por una mayoría de 88 a cuatro, fue respaldada por el Congreso y el Senado, aunque los senadores de Virginia y Maryland votaron en contra debido a preocupaciones sobre los efectos de vuelos adicionales más allá del perímetro de 1,250 millas alrededor del Aeropuerto Nacional Reagan de Washington (DCA) en aeropuertos locales como el Aeropuerto Internacional Dulles (IAD) y el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall (BWI) de Baltimore/Washington.
El proyecto de ley surge en respuesta a preocupaciones de seguridad, incluyendo incidentes casi accidentales y problemas de personal en el Control de Tráfico Aéreo (ATC). Además, aborda la falta de supervisión de la FAA, evidenciada por la mala gestión de compañías como Boeing, cuya autoinspección ha resultado en problemas de seguridad y calidad, incluida la tragedia del Boeing 737 MAX 9. El futuro de la HR 3935 depende ahora de la firma o veto del presidente Joe Biden.
