Es necesario reformar las modificaciones realizadas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y al Código Penal Federal relacionadas con el uso de equipos que interfieran con señales de telecomunicaciones, conocidos como jammers, con el fin de que las fuerzas del orden público tengan herramientas para hacer frente al uso perjudicial de drones.
Las reformas que se hicieron en enero de 2020, aunque son un buen paso para prevenir el robo a autotransporte federal, no consideraron su uso en otros ámbitos, dijo Rodrigo Soto-Morales, abogado especialista en Derecho Aeronáutico y CEO de la empresa Dronamex, durante su participación en el evento 2da Semana de los Drones, organizado por el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Tecnológico de Morelia.
En los últimos años los drones han llegado a estar al alcance de cualquier persona, y en algunas ocasiones, han sido utilizados, además de actividades recreativas, para transgredir la privacidad de las personas, causar daño deliberadamente, apoyar labores de espionaje, o hasta ser utilizados por el crimen organizado. La tecnología se combate con tecnología, enfatizó Soto-Morales.
Al limitar el uso por parte de autoridades encargadas de aeropuertos, sitios gubernamentales que requieren protección federal, establecimientos penitenciarios, centros de internamiento para menores, centrales eléctricas y zonas militares, como se prevé en el artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión, se deja a las agencias del cumplimiento de la ley de los niveles locales y municipales, quienes son habitualmente los primeros en responder en temas de seguridad pública, sin la posibilidad de contar con equipos para hacer frente a estas amenazas.
Un caso de esta situación es lo acontecido el 20 de abril en Aguililla, Michoacán, cuando el crimen organizado lanzó un ataque con drones sobre la policía del estado. Los guardianes del orden no tenían capacidades operacionales para inhibir estas aeronaves.
“Yo me pregunto, si es del dominio público y está a la vista de todos que cualquiera puede comprar un dron y darle usos ilícitos, y si la Constitución manda que la policía municipal es la primera que tiene que intervenir en temas de orden y buen gobierno a nivel municipio, que la policía estatal tiene que guardar la paz y seguridad en caminos y puentes estatales y en instalaciones administrativas del gobierno del estado, no se contempló que el tema de los drones tuviera ese impacto frente al aumento de capacidades delictivas y usos ilícitos no solo del crimen organizado, sino de un infractor o criminal aislado”, comentó el especialista
Asimismo, Soto-Morales indicó que es necesario contar con un registro federal de estos instrumentos, además de que su uso debería ampliarse a empresas privadas que presten ciertos servicios públicos que tienen un impacto importante en sectores estratégicos para el desarrollo del país.
