En un revés para la administración Peña Nieto, que unos días antes de concluir promovió el desistimiento de las órdenes de aprehensión en contra del expresidente de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga, el Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales rechazó por infundada dicha petición y reafirmó la sentencia que pesa sobre el empresario por su responsabilidad en dos delitos contra la Ley del Mercado de Valores.
En sentencia resolutoria, el tribunal con sede en Ciudad de México exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR), que comanda Alejandro Gertz Manero, para que se apliquen los efectos legales y proceda la sentencia original, que consta en el expediente 211/2014 del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal.
Como reportó A21, el anterior encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, a través de su subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, presentó la solicitud de cancelación ante el Juzgado Décimo –en la causa penal número 47/2014 del 30 de noviembre pasado–, a unos minutos del cambio de régimen y con miras a dejar sin efecto la medida cautelar por la posibilidad de que no procediera un recurso de revisión.
Ante esto, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México realizó una audiencia ante la corte penal y promovió otras acciones jurídicas hasta lograr que prevaleciera lo dictado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal, que reconoció el carácter de víctima a los trabajadores de la extinta aerolínea.
Recordemos que en ésta última resolución (con fecha del 12 de julio de 2018) se negó el amparo a la defensa del empresario, quedando confirmada la legalidad de las sanciones en su contra por difundir información falsa al público inversionista y omitir dar a conocer un evento relevante, es decir, el cese de operaciones de Mexicana, en agosto de 2010.
El Gobierno de Enrique Peña también intentó perdonar a Azcárraga Andrade al promover la atracción del caso ante la Suprema Corte de Justicia, proyecto defendido por el ministro nombrado por el mexiquense, Eduardo Medina Mora. Sin embargo, el 14 de marzo de 2018, el pleno del máximo tribunal desechó el asunto en votación 6 contra 5.
