El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una nueva orden ejecutiva para restringir la entrada a ese país a viajeros de determinadas nacionalidades. En esta versión del veto migratorio –de vigencia indefinida– se sumó a ciudadanos provenientes de Corea del Norte, Chad y Venezuela.
Esta disposición entraría en vigor a partir del 18 de octubre, fecha desde la cual, además de los antes mencionados, viajeros procedentes de Irán, Libia, Siria, Yemen y Somalia, también serán rechazados. En tanto, Sudán ha quedado exenta de esta prohibición.
Según la Casa Blanca, los criterios de selección no se basan en religión o raza, sino en una evaluación de protocolos débiles de seguridad en esos países, que no garantizan la integridad de los usuarios aéreos ni la eliminación del riesgo que representan personas provenientes de esos países que pretenden atentar contra la Unión Americana.
Pese a ser una medida general, hay algunos tratos diferenciados: por ejemplo, en el caso venezolano, la prohibición de entrada será absoluta a funcionarios del gobierno, mientras que los civiles tendrán revisiones exhaustivas.
Por otro lado, los que sufrirán de vetos absolutos son los ciudadanos de Corea del Norte, Irán y Somalia.
No obstante, se permitirá la entrada a estudiantes de intercambio, además algunos somalíes podrán obtener una visa bajo estrictos requerimientos.
Finalmente, los ciudadanos de Sudán, aunque pueden volver a ingresar, deberán presentarse a revisión en sus consulados cada 100 días.
Al respecto, un vocero de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) dijo a ATW que no se prevé un impacto operativo en las líneas aéreas, y si bien reiteró que para este organismo las fronteras abiertas son una prioridad, también lo es la seguridad de cada nación.
A consecuencia del nuevo decreto, la Suprema Corte de los Estados Unidos canceló la audiencia programada para el próximo 10 de octubre y destinada a debatir la inconstitucionalidad del veto migratorio “rebajado” (el de marzo), y estableció el 5 de octubre como fecha límite para recibir nuevos argumentos por parte de los abogados que se oponen a esta medida.
