El despliegue de alguaciles estadounidenses equipados con pistolas paralizantes en territorio mexicano, ya no digamos siquiera a bordo de aeronaves comerciales, sean éstas nacionales o con bandera del vecino del norte, aún es una posibilidad remota, consideraron expertos en la materia entrevistados por A21.
En primer lugar, Miguel Ángel Ocampo, titular de la Dirección General de Seguridad de la Aviación Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), destacó que para que ello ocurra, primero se tendría que realizar una larga serie de modificaciones a la legislación mexicana.
En México la legislación no lo permite. La Ley de Aviación Civil dice que nadie puede subir armado a una aeronave. Es una opción que da la OACI para protección de vuelos.”, puntualizó.
En cuanto a la cláusula de seguridad que México aceptó al haber firmado el convenio bilateral con Estados Unidos (y que se deriva del Anexo 17 de la Organización de Aviación Civil Internacional – OACI), Ocampo Cornejo rechazó que nuestro país esté obligado a acatar cualquier requisito impuesto por las autoridades de aquel país, sino solo a cumplir con la normativa internacional.
“El personal armado en los aviones es una recomendación que existe y que, en caso de que algún país –por su situación particular– necesite implementar, no podría hacerlo de manera unilateral: primero debería existir un acuerdo y ver si las legislaciones de ambos países son compatibles para implementar algo como eso”, subrayó.
Finalmente, el ingeniero Ocampo resaltó que, si la legislación se modifica y además se determina que la presencia de air marshals es necesaria para garantizar la seguridad de los vuelos desde y hacia los EU, le tocaría a la entidad que dirige implementar los protocolos para regir la acción de estos agentes a través de la emisión de una “norma, circular o lo que sea necesario”, puntualizó.
Por su parte, Rosa María Montero, experta en derecho aeronáutico, destacó que, al ser éste un asunto de seguridad nacional, la SCT y demás autoridades de aviación aún no forman parte de su discusión.
No obstante, y una vez determinada la medida, los reguladores aeronáuticos tendrían forzosamente que involucrarse en la coordinación y ejecución de los procedimientos, para que estos agentes encubiertos operen con los más altos estándares de seguridad.
La instancia indicada para ello sería el Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria, que coordinaría a todos los actores que trabajan en los aeropuertos para que cada quien desempeñe su función en este esquema.
Estos van desde los empleados de limpieza de las aeronaves hasta los oficiales de migración y aduanas, pasando por la autoridad aeroportuaria y los comandantes de aeronaves, quienes representan la máxima autoridad a bordo.
Montero Montoya señaló que deben delimitarse muy bien estas tareas, para no crear riesgos innecesarios.
No se trata de que nos impongan o pasen por encima de la soberanía. Lo que se está buscando es coordinar procedimientos. El terrorismo no ve fronteras. Entonces, sí es un riesgo que corre México que desde aquí parta gente que pudiera, en un momento dado, desviar un avión en EU. Entonces tienes una responsabilidad, como país, el evitar la comisión de este tipo de delitos desde tu territorio”, añadió.
Cabe destacar que, en entrevista con una televisora de cadena nacional, Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, comentó este miércoles que no existe ningún “Memorándum de Entendimiento” firmado sobre esta medida que, de implementarse, solamente abarcaría aeronaves de bandera estadounidense y los air marshals no portarían armas de fuego, sino un inmovilizador eléctrico (taser gun, en inglés).
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