Sobre el dueño de Mexicana pesan dos denuncias interpuestas por ASPA de México
Tras el fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde determinó el no ejercicio de la facultad de atracción del expediente penal de Gastón Azcárraga Andrade, dueño de la fallida Mexicana de Aviación, el caso regresará al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal para que se emita una sentencia sobre la demanda interpuesta por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) en contra el exempresario.
Esta resolución, emitida el 14 de marzo pasado, abre la posibilidad de que exista una sentencia penal sobre la probable comisión de delitos señalados en la Ley del Mercado de Valores.
En un comunicado, ASPA destacó que este hecho resarce la justicia “que durante ya ocho largos años ha sido escatimada a más de 8 mil trabajadores” de la extinta aerolínea.
“Es trascendente para ASPA de México el que se haga justicia y no exista impunidad, por lo que el resolutivo de la Suprema Corte hace honor al deseo (tanto) de los pilotos aviadores (como) del resto de los trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación para que en breve se finquen las responsabilidades pertinentes y en su momento se resarza a los afectados sus derechos conculcados”, resaltó la organización.
En particular, a Azcárraga se le responsabiliza de haber difundido información falsa al público inversionista con respecto al valor real de la compañía, así como de no haber informado a la Bolsa Mexicana de Valores acerca de la suspensión de operaciones de Mexicana de Aviación y Click, ocurrida el 27 de agosto de 2010.
Estas dos denuncias, sin embargo, no tienen que ver con la orden de aprehensión girada en 2014 en contra del expresidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación y sus subsidiarias, y que en su momento fue desechada por el máximo tribunal.
Pese a ello, la defensa de Azcárraga solicitó el amparo y protección de la justicia federal (expediente 322/2017) mediante la facultad de la SCJN para atraer ambos casos. Este proyecto fue defendido por el ministro Eduardo Medina Mora, quien anteriormente fuera procurador de la República en el sexenio de Felipe Calderón, y embajador de México en Estados Unidos en la administración actual.
En última instancia, seis ministros votaron por desechar la facultad de atracción contra cinco que se pronunciaron por atraerla.
Hasta el momento, ni Ulrich Richter, quien encabeza la defensa jurídica de ASPA, ni Alonso Aguilar Zínser, abogado de Azcárraga, se han pronunciado al respecto.
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