
El retiro de la inmunidad antimonopolio y la alianza (joint-venture) que permite que se fijen precios y capacidad que hizo el Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos a Aeroméxico y Delta fue una “progresión natural” a las acciones que tomó el Gobierno de México en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), afirmó Willie Walsh, director general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).
El titular comentó que desde que se recortaron los slots en el AICM, entre 2022 y 2023, en busca de impulsar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) la industria aérea mostró su decepción e incluso enojo, y la reciente decisión de la administración de Donald Trump es una manera de “animar o presionar” a las autoridades mexicanas a reevaluar sus acciones.
“Hubo muy poca aceptación cuando el gobierno mexicano decidió reasignar la actividad entre aeropuertos. Por eso creo que esto (retirar la inmunidad a la joint venture) es simplemente una progresión natural de los asuntos geopolíticos, que no tengo duda será abordada”, dijo Walsh en una videoconferencia realizada este miércoles.
El principal argumento que usó el DOT para acabar la alianza entre Aeroméxico y Delta fue que el retiro de slots en el AICM afectó a aerolíneas estadounidenses. Esto, combinado a la imposibilidad de operadoras para acceder a la terminal, habría otorgado una ventaja a los socios, de acuerdo al regulador.
Ambas aerolíneas tendrán hasta el 1 de enero de 2026 para completar la terminación de su sociedad en operación desde el 2017.
Resalta ventajas de joint ventures
Willie Walsh recordó que las joint ventures han demostrado ser positivas para los consumidores, pues impulsan el aumento de servicios, competencia y mejores precios.
“Creo que debemos separar el impacto sobre los consumidores de estas joint ventures del impacto político de algunas de las decisiones que llevaron a la acción tomada por Estados Unidos en relación con Aeroméxico y Delta”, externó.
“Sé que es algo que se debate mucho, pero es importante recordar que cualquiera de estas alianzas ha tenido que pasar por un riguroso proceso de evaluación por parte de las autoridades de competencia para asegurar que los consumidores no se vean perjudicados con su introducción”, continuó.
En sus ocho años de operación, la joint venture entre Aeroméxico y Delta ha transportado unos 50 millones de pasajeros, operado hasta 90 vuelos diarios y conectado 60 rutas transnacionales.
Reconocen acciones de México
Por su parte, Nick Careen, vicepresidente senior de Operaciones, Seguridad y Protección de IATA, reconoció la modificación al Reglamento de la Ley de Aeropuertos que hizo el Gobierno mexicano a inicios de septiembre y previo a la decisión final del DOT.
El decreto se enfoca en las condiciones para asignar slots a aerolíneas en terminales saturadas, cambios que se apegan a la Directrices Mundiales de Slots Aeroportuarios (WASG) de la IATA.
“Recientemente México hizo un anuncio para volver a la regla 80-20 en términos de slots, lo cual está alineado con WASG […] podría interpretarse o verse como un intento de apaciguar (a Estados Unidos) antes de que se tomara la decisión”, relató Careen en la videoconferencia.
El directivo dijo que el cambio a esta Ley por parte de las autoridades mexicanas propició que el DOT haya dejado abierta la ventaja para, en un futuro, reactivar la inmunidad antimonopolio de la joint venture.
El Departamento reconoció que el regreso de los slots en el AICM y los cambios implementados por México fueron positivos, pero considera que aún son insuficientes para resolver los problemas anticompetitivos de la alianza entre Aeroméxico y Delta.
Sostenibilidad, punto a tratar en la OACI
Por otra parte, la videoconferencia también abordó los puntos que la IATA ve importantes tratar en la 42ª Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la cual arrancará la semana entrante en Canadá.
Para Walsh es prioritario revisar el plan CORSIA, garantizar la disponibilidad de créditos de carbono (Eligible Emissions Units, EEUs) e invitar a los países a dar incentivos para la producción de combustible de aviación sostenible (SAF). El directivo afirmó que la meta de la OACI para reducir las emisiones un 5% en 2030 no será alcanzable, pues hay poco progreso en la producción de SAF.
Además, se mostró a favor de la postura de la administración Trump para abandonar el plan del ex presidente Joe Biden para que las aerolíneas sean obligadas a pagar compensaciones en efectivo a los pasajeros por retrasos considerables o cancelaciones de vuelo que fueran culpa de las operadoras.







