Una de las razones por las que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) propuso retirar la inmunidad antimonopolio a la alianza entre Aeroméxico y Delta es la posibilidad de que el Gobierno de México adopte, de manera arbitraria, acciones que favorezcan prácticas anticompetitivas en distintos aeropuertos del país.
El pasado 19 de julio, el DOT publicó varios documentos en los que propone medidas tras considerar que las autoridades mexicanas violaron el Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo firmado en 2015, al reducir los slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y trasladar todas las operaciones de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) entre 2022 y 2023, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La justificación oficial del Gobierno mexicano para reducir las operaciones por hora en el AICM —de 62 a 44— fue que la terminal aérea estaba saturada. Sin embargo, el DOT acusó a México de incumplir el artículo 11 del convenio, el cual establece que “ninguna Parte limitará unilateralmente el volumen de tráfico, la frecuencia o regularidad del servicio, o el tipo o tipos de aeronaves por las líneas aéreas de la otra Parte”, salvo por razones aduaneras, técnicas, operativas o ambientales.
Además de proponer el fin del joint venture entre ambas aerolíneas, el DOT impuso nuevos requisitos de supervisión para las operadoras mexicanas. A partir de esta orden, las aerolíneas deberán presentar sus itinerarios ante la autoridad estadounidense, y los vuelos chárter con aeronaves grandes de pasajeros o carga hacia o desde Estados Unidos deberán ser aprobados caso por caso.
En cuanto a Aeroméxico y Delta, el DOT concluyó que las acciones tomadas por el gobierno mexicano en el AICM han alterado de tal forma las condiciones de competencia que ya no se justifica mantener una alianza con inmunidad antimonopolio entre ambas aerolíneas.
Una de las razones es la imposibilidad de que nuevos competidores entren al AICM, situación confirmada por la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en una carta enviada al DOT en noviembre de 2023.“La posibilidad, amenaza o capacidad de que un nuevo competidor ingrese al mercado como elemento disruptivo representa una fuerza competitiva disciplinaria clave. Permitir la inmunidad antimonopolio en un mercado que el Gobierno de México ha cerrado de manera efectiva y sustancial a nuevos entrantes equivaldría a que el Departamento otorgue una licencia para colusión legalizada entre socios que controlan casi el 60% de las operaciones en la cuarta puerta de entrada más grande entre Estados Unidos y México”, señaló la orden “2025-7-12”.
El documento agrega que este tipo de inmunidad ofrecería un refugio para posibles prácticas anticompetitivas o ineficientes, como un crecimiento limitado, horarios desfavorables o conductas excluyentes.
“Aunque ya se han evidenciado estos daños potenciales en el AICM, el Departamento considera realista la posibilidad de que México actúe de forma similar y arbitraria en otros aeropuertos congestionados, como Cancún, dada la ausencia de un sistema coherente y transparente de asignación de slots aplicado de manera uniforme a nivel nacional”, añadió.
Cancún, la segunda terminal aérea más transitada del país después del AICM, registra en promedio 3,500 operaciones semanales, según datos del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR). Durante el último mes, se realizaron vuelos desde ahí a 40 ciudades de Estados Unidos, frente a las 27 que registró el AICM en el mismo periodo, según datos de Flight Connections.
“Este golpe a un pilar fundamental del Acuerdo —la libre entrada y salida de nuevos competidores— representa un grave obstáculo para la validez continua de los hallazgos del Departamento, los cuales se consideraron esenciales para limitar los efectos anticompetitivos del joint venture entre Delta y Aeroméxico”, explicó el documento.
El DOT también citó un posicionamiento anterior de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en el que advertía que “el AICM no sigue las directrices del IATA WSG ni tiene reglas transparentes equivalentes para la asignación y administración de slots”.
“La Cofece, cuya situación futura es incierta tras recientes cambios legislativos en México (por la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio), aportó una voz determinante al concluir que el régimen de asignación de slots en el AICM es opaco y anticompetitivo, y que Aeroméxico, como el mayor poseedor de slots, es el principal beneficiario de estas políticas”, señaló el DOT.
Delta y Aeroméxico tienen 14 días naturales, tras la publicación de la orden, para presentar argumentos en su defensa, y la respuesta a estos deberá darse dentro de los siete días siguientes. Si no hay apelación, el joint venture que comenzó en 2017 quedará oficialmente cancelado el próximo 25 de octubre.
