En días recientes se ha recrudecido la pugna entre los taxis establecidos en los aeropuertos y los taxis de plataforma, Uber y Didi, los cuales vinieron a revolucionar la forma como se ofrece el servicio de transporte urbano de pasajeros, antaño en manos de grupos de taxis (amarillos y corales), así como sitios desde donde se enviaban los vehículos bajo reglas más o menos estrictas, pero rigurosos pagos por placas, revistas y demás.
Lo normal en el pasado era que los taxistas conseguían las placas (mediante un módico pago de miles de pesos) y con ello ya podían tener su taxi, si era de sitio debía pintarlo color coral y pertenecer a un grupo que usualmente recibía llamadas de los clientes e iba asignando a los conductores el destino o bien, los buscaba por radio para que, el primero que respondía y que estaba cerca del que solicitaba el servicio, se dirigiera a la dirección que les era proporcionada. Los amarillos eran “libres” de andar por donde quiera (dentro de la jurisdicción a la que pertenecía la placa) pero siempre pagando por el derecho a existir.
La creación de las plataformas digitales hizo que el servicio se revolucionara. Ya no era necesario pagar por placas ni pasar revista ni exámenes ni vistos buenos de los líderes, etc. Uber y Didi llegaron, lo que ha motivado que en muchas ciudades el servicio de taxis casi desaparezca. Pero en los aeropuertos la historia es otra.
Como se trata de zonas federales (todo aeropuerto es una concesión federal o una propiedad del gobierno de la República) y por lo tanto, los requisitos son mayores: para tener placas federales se tienen que obtener permisos, pasar exámenes, cumplir con protocolos. De ahí que, cuando aparecen Uber y Didi las cosas se compliquen.
Alegan los taxistas, con cierta razón, que los transportes de plataforma digital no están obligados a esos requisitos (¡y a lo que cuesta cubrirlos!) y que por lo tanto la competencia no es pareja.
Por su parte, este tipo de vehículos de libre acceso, han sido la alterativa para muchos pasajeros que llegan a los aeropuertos del país, y desde luego al de la Ciudad de México, y pueden pedir desde su celular un servicio de este tipo a un costo muchas veces menor (aunque no siempre) y en general el vehículo se presenta pronto.
La existencia de estos vehículos también ha llamado la atención de las autoridades del SAT y de la secretaría del Trabajo que han intentado supervisar, fiscalizar, acotar a los conductores, pero esto ha resultado muy difícil porque, además, los conductores ejercen su derecho constitucional a la libertad de trabajo.
El asunto es que existen leyes que regulan la prestación de este servicio en zonas federales, de ahí que hacer convivir a ambas opciones sea una encrucijada para quienes dirigen los aeropuertos. En Cancún, el pleito entre los dueños de taxis autorizados y los de plataforma ha llegado a los golpes y destrucción de vehículos. En la Ciudad de México, por fortuna, sólo se ha obligado a los de plataforma a operar fuera del recinto federal.
Pero el asunto no puede durar mucho. Una nueva legislación deberá conciliar los intereses de todos, empezando por los usuarios. Ojalá. E-mail: raviles0829@gmail.com
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