En el argot aeronáutico mexicano conocemos a las aeronaves, a las operaciones o a las licencias del personal técnico aeronáutico como “chocolates” cuando básicamente están fuera de la legalidad o al ser extranjeras no pueden ser empleadas para ciertas operaciones en el país, caso del cabotaje.
Para nadie es un secreto que con tal de compensar problemas de capacidad derivados de las revisiones de los motores de algunos de los aviones de su flota de Airbus, a diferencia de Volaris, Viva Aerobus (hoy día simplemente Viva) ha recurrido a rentar aeronaves extranjeras con todo y tripulantes violando así la ley mexicana que claramente marca que para ser tripulante de una aeronave empleada en un vuelo de servicio público de transporte de pasajeros o carga se requiere ostentar una licencia que solamente se puede otorgar a mexicanos por nacimiento.
Si no mal recuerdo en el pasado no muy lejano han habido prácticas similares pero en el segmento de los taxis aéreos, como hay voces que aseguran era el caso del avión norteamericano en el que perdió la vida la cantante Jenny Rivera en el año 2012 en territorio mexicano.
En el marco de una asamblea de afiliados celebrada el pasado 23 de enero la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, por sus siglas ASPA, reiteró su queja contra esta práctica toda vez que además de contravenir a ley reduce espacios laborales a los pilotos de nuestro país.
El problema y de ahí el origen de esta nota tiene que ver con lo tímido de los reclamos por parte de la comunidad aeronáutica nacional hacia algo que sin duda la afecta y que deberían proceder no solamente de ASPA, sino con el papel que en todo esto ha tenido la autoridad aeronáutica nacional, la cual en mi opinión sustentada además en lo que mis fuentes versadas en el derecho aeronáutico me han explicado, debió negar la autorización de la incorporación de esas aeronaves a la operación de Viva hasta que fuesen voladas exclusivamente por mexicanos, por más que se afirme que la decisión oficial se basó en la intención de mantener conectividad y por ende beneficiar a los pasajeros.
La pregunta es obligada: Si mi premisa es válida como siento es el caso, ¿en dónde está la investigación por parte de las entidades pertinentes, por ejemplo, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes o el de la Agencia Federal de Aviación Civil que depende de ella para que deslinden responsabilidades y en su caso apliquen las correspondientes sanciones? Por lo menos quien firma esta columna no tiene conocimiento de ella y si existe sería muy interesante conocer sus detalles. Desgraciadamente, tal y como sucede con tantas otras decisiones en el gobierno morenista, la opacidad, la impunidad y la incapacidad son la norma.
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