Más allá de ser puntos de llegada y salida, los aeropuertos son nodos clave de conectividad, movilidad y desarrollo económico. La manera en que se accede a ellos, y cómo se parte, dice mucho del país que somos, y del que aspiramos a ser. Por lo tanto, proyectar una imagen de apertura al mundo significa garantizar opciones de transporte diversas, seguras y accesibles para todas las personas, afirmó Daniela Rojas Arroyo, oficial de Programas Senior en Eon Institute.
La directiva del think-tank (laboratorio de ideas), liderado por mujeres, indicó que desde 2020, el derecho a la movilidad quedó reconocido en nuestra Constitución como un derecho humano fundamental, lo que impulsó la creación de una ley general y de políticas públicas para su protección. Esto dio pie a la publicación, en 2022, de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), que reconoce a la movilidad no sólo como un tema de infraestructura, sino como un componente esencial del desarrollo económico, la inclusión social y la equidad.
“La respuesta está en las zonas grises que persisten en la regulación, especialmente referente al acceso a servicios de transporte públicos y privados, y en la falta de reglas claras, actualizadas y centradas en las personas. Esto se traduce en menos opciones, costos elevados y obstáculos para la competencia–afectando principalmente a los pasajeros”, afirmó Rojas Arroyo.
Indicó que la coexistencia armónica entre taxis, autos de plataformas digitales y otros medios, no solo es posible, sino necesaria. No solo porque la demanda lo exige, sino porque las personas tienen derecho de elegir la opción que más se ajuste a sus necesidades, sin limitaciones.
Desde una lógica de gobernanza, se vuelve urgente actualizar y aplicar de forma eficaz la ley y los reglamentos de transporte federales, especialmente, revisar los esquemas de concesiones actuales y regular la oferta de servicios privados a través de plataformas de movilidad. Si se limita esto sin alternativas claras, a su vez se limita la posibilidad de acceder a tarifas justas y competitivas. Este desafío exige coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para diseñar un sistema de transporte plural, eficiente y justo.
Bajo este contexto, destacó que es clave que el Ejecutivo Federal lidere los esfuerzos tendientes a esta modernización legal con voluntad política que ayude a una sana coexistencia entre taxis y autos de plataformas digitales.
Para este ejercicio, resulta indispensable que se escuchen a las diferentes partes interesadas y se garanticen condiciones que fomenten la competencia y no la permanencia de un monopolio. La política pública debe construirse con la ley en mano y poniendo a las personas en el centro, especialmente aquellas que se enfrentan con mayores barreras de movilidad, como lo son las personas con discapacidad y adultos mayores.
“De cara al Mundial de Fútbol 2026, siendo el evento masivo que es, el cual requerirá todo nuestros esfuerzos operativos y logísticos, México tiene una oportunidad única para consolidar un modelo de movilidad diverso desde los aeropuertos que funcione y se perciba como un derecho garantizado, no como un privilegio condicionado. Varios países han logrado avanzar hacia un equilibrio entre taxis tradicionales y autos de plataformas digitales mediante regulaciones que buscan integrar ambos servicios, garantizando seguridad, eficiencia complementaria y derechos para conductores y usuarios”, indicó la experta.
Taxis y autos de plataformas no deben competir, sino complementarse para atender no solo el reto que implica el evento internacional masivo que viviremos el próximo año, sino también para responder al turismo, a la inversión y, sobre todo, a las necesidades cotidianas de la ciudadanía que hace uso diario de estos servicios.
Por lo tanto, es aplaudible el foro “Movilidad en Aeropuertos: derechos del usuario a diversas alternativas de movilidad terrestre” organizado la semana pasada en el Senado por la Comisión de Derechos Digitales y que preside Luis Donaldo Colosio, el cual abre una ruta de trabajo colectiva, transparente y responsable. Este impulso al diálogo entre autoridades, sector privado, personas usuarias y expertas será clave para alcanzar soluciones duraderas, sostenibles e inclusivas.
