La Secretaria de Defensa Nacional no cuenta con la concesión legal que le permita construir, explotar y administrar la base militar de Santa Lucía como un un aeropuerto mixto civil/militar con capacidad internacional.
Esto es una debilidad jurídica más que permite interponer más amparos que mantengan suspendido el proyecto, señaló el abogado experto en derecho aeronáutico Pablo Casas.
A través de una solicitud de transparencia con folio 0000700240019, el abogado solicitó a la Sedena una copia de la concesión que debió otorgarse por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) al organismo militar para permitir la facultad de operación.
Ante ello, la dependencia respondió lo siguiente: “después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta secretaría, no se encontró evidencia documental que permita atender sus requerimientos”.
“Los aeródromos militares o aeropuertos civiles con operaciones militares deben cumplir lo dispuesto con la ley de aeropuertos y esto conlleva que deben de contar con una concesión para operar y explotar un aeropuerto. Así, los artículos 32, 49, 53, 62 y 4º, respectivamente, refieren que los aeródromos civiles en donde se preste servicio a aeronaves militares, se sujetan en lo conducente a dicha Ley ”, puntualizó Casas.
“Se requiere concesión otorgada por la Secretaría para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos”, señala el artículo 10 de la ley de aeropuertos.
Por su parte, el representante legal de el colectivo #Nomásderroches, Gerardo Carrasco explica que además de la inexistencia de la concesión, la misma ley establece que la Sedena no puede ser concesionaria bajo ninguna circunstancia.
“El artículo 10 de la ley de aeropuertos también expresa que solo pueden ser concesionarios sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanas. La Sedena como organismo de Estado no puede llevar a cabo la operación y menos la construcción de un aeródromo que contempla las operaciones civiles como su principal tarea”, explicó Carrasco.
Finalmente, Casas define la inexistencia de la concesión como una debilidad juridica más del proyecto de Santa Lucía para ser sometida a juicio a través de más amparos. “Bajo estos criterios el proyecto es un aeropuerto ilegal e impugnable desde muchos blancos”, concluyó el experto.
