El mecanismo propuesto para la consulta ciudadana del 25 al 28 de octubre próximos, donde se determinará el futuro del Nuevo Aeropuerto, limitaría el nivel de participación que podría no superar el 2% del electorado, señaló Rogelio Rodríguez, especialista en Derecho Aeronáutico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Esto significa que alrededor de un millón 786 mil mexicanos –inscritos en el padrón electoral del Instituto Nacional Electoral (INE)– serán los que podrán elegir entre la continuidad de la obra en Texcoco, o su cancelación y eventual traslado a la Base Militar de Santa Lucía.
“Esto será un muestreo, es lo que se visualiza, no será recoger la voluntad (de la gente). Y lo próximo de la fecha con la que se ha señalado esta consulta, así como los mecanismos que hasta ahora han sido definidos, nos hacen pensar –y coinciden los expertos– que si alcanzamos un 2% en el padrón nominal de electores sería un éxito rotundo”, indicó el académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Durante su participación en el Foro “Viabilidad de Nuevo Aeropuerto y la Consulta”, el especialista consideró que los ciudadanos que participen en la consulta –cuyo resultado “orientará” la decisión del futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador– no contarán con la información y criterios técnicos suficientes.
“Hasta ahora, los elementos que se han dado no le permiten a la población informadamente decidir por una u otra opción”, reiteró el especialista.
Abundó que si se amplían algunas variables del proceso –como el total de las mesas de consulta, los horarios o los medios para que la gente pueda votar–, la estimación de participación podría elevarse.
De acuerdo con Jesús Ramírez, vocero del gobierno de transición, durante los cuatro días de la consulta se instalarán mesas públicas en 538 municipios, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.
Adicionalmente, Rodríguez consideró que a pesar de que la consulta propuesta por el presidente electo no es constitucional, pues no es convocada por el Poder Ejecutivo en funciones ni por la Cámara de Diputados o el Senado de la República, su organización es legal.
No obstante, detalló el especialista, para que pueda ser considerada vinculante tendría que cumplir con una revisión de la Suprema Corte de Justicia, así como la aprobación, por cualquiera de las opciones planteadas, de al menos 40% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
Política ausente
Por parte, Francisco Gómez Ortigoza, secretario técnico de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, cuestionó la falta de interés del gobierno mexicano en la implementación y puesta en marcha de una auténtica política aeronáutica, y abundó que esto llevó al fracaso la estrategia de aeropuertos para la región central del país.
En relación a la consulta ciudadana, Gómez Ortigoza recordó que, legalmente, la responsabilidad sobre los proyectos de infraestructura “corresponde únicamente al Estado mexicano, y la metodología que se decida para llevar toda la información es también su responsabilidad”.
Finalmente, Víctor David Anguiano, presidente del Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de México, consideró que en temas que requieren de un alto grado de conocimiento técnico, no son los ciudadanos los que tendrían que informarse para decidir, sino que dicha responsabilidad debería recaer en aquellos por quienes la ciudadanía votó.
