Las “Reglas del Aire”, establecidas por el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, regulan las operaciones de todos los vuelos internacionales, desde el despegue hasta el aterrizaje, con el objetivo de garantizar una aviación segura y predecible en todo el mundo.
El artículo 12 del Convenio establece que cada país debe garantizar el cumplimiento de estas reglas por parte de las aeronaves que operan en su territorio, así como de sus propias aeronaves, independientemente de dónde se encuentren.
Asimismo, exige que las normativas nacionales se ajusten, en la mayor medida posible, a las normas establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y que los Estados procesen las infracciones.
Sin embargo, evaluaciones recientes revelaron que la aplicación de estas disposiciones es desigual y que frecuentemente existen deficiencias de coordinación entre las autoridades, lo que dificulta la rendición de cuentas y debilita la seguridad aérea mundial.
Los países emplean distintos mecanismos para garantizar el cumplimiento de las normas, desde el procesamiento penal de las infracciones hasta la imposición de multas o la exigencia de capacitación adicional.
Como resultado, un piloto u operador puede enfrentar consecuencias diferentes dependiendo del país donde ocurra un incidente.
Estas diferencias generan incertidumbre sobre el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas en el artículo 12.
Además, numerosas autoridades enfrentan dificultades para coordinar sus procedimientos. Una encuesta jurídica reveló que 75% de los países participantes carece de sistemas para compartir información sobre infracciones cometidas por aeronaves extranjeras.
Las notificaciones, en ocasiones, se retrasan o se pierden, especialmente cuando los incidentes ocurren durante vuelos sobre alta mar, donde pueden existir dudas sobre la jurisdicción aplicable.
Estas deficiencias en los procesos de notificación, aplicación de sanciones y cooperación internacional continúan limitando la eficacia de la supervisión aeronáutica.
A ello se suman las preocupaciones sobre la privacidad y los riesgos jurídicos asociados al intercambio de información, factores que desalientan la comunicación abierta de datos y dificultan el fortalecimiento de la cultura de notificación de seguridad operacional promovida por la OACI.
Ante este panorama, el Comité Jurídico de la OACI propuso una serie de medidas destinadas a mejorar el cumplimiento normativo y fortalecer la cooperación entre los Estados.
La primera consiste en elaborar un documento integral de orientación, el primero de su tipo, para facilitar la aplicación del artículo 12 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
La segunda propuesta contempla la creación de una nueva plataforma de comunicación de la OACI que funcionará como punto de contacto para notificar posibles infracciones entre países.
Esta herramienta buscará formalizar los procedimientos de comunicación, agilizar el intercambio de información y garantizar que los funcionarios responsables estén claramente identificados y puedan ser contactados oportunamente.
El Comité también destacó la importancia de mantener flexibilidad en los mecanismos de aplicación de las normas, al precisar que los Estados pueden cumplir sus compromisos derivados del artículo 12 mediante diferentes instrumentos, incluidas sanciones administrativas, acciones civiles o medidas educativas, sin limitarse exclusivamente a procesos penales.
En este sentido, explicó que la uniformidad debe alcanzarse mediante resultados efectivos en materia de seguridad operacional y no necesariamente a través de un modelo único de aplicación normativa para todos los países.
Finalmente, el Comité señaló que los acuerdos regionales de cooperación existentes pueden servir como referencia para desarrollar mecanismos más amplios de colaboración y asistencia mutua entre las autoridades aeronáuticas.
