Con un planteamiento que busca modificar de fondo la relación entre las aerolíneas y los pasajeros, la diputada federal Giselle Yunueen Arellano Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor con el objetivo de prohibir la sobreventa de boletos de avión y fortalecer la transparencia en las tarifas del transporte aéreo.
La legisladora propone que México deje atrás el esquema en el que la sobreventa (overbooking) se permite con compensaciones posteriores y avance hacia un modelo preventivo, en el que las aerolíneas tengan prohibido vender más boletos más allá de la capacidad real de la aeronave, salvo casos excepcionales derivados de fallas técnicas debidamente acreditadas ante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
La iniciativa también representa un cambio importante para la industria aeronáutica al establecer que el precio mostrado al pasajero deberá incluir desde el primer momento todos los impuestos, derechos y cargos obligatorios, eliminando prácticas comerciales que fragmentan el costo final del boleto y generan confusión entre los consumidores.
Arellano Ávila sostiene en la exposición de motivos que la sobreventa continúa siendo una de las prácticas más perjudiciales para los usuarios del transporte aéreo, al provocar pérdidas económicas, cancelación de compromisos personales y laborales, gastos extraordinarios, además de afectar especialmente a personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y pasajeros que requieren atención médica.
En el ámbito aeronáutico, la propuesta también obliga a las aerolíneas a reportar mensualmente a la AFAC todos los casos en los que un pasajero sea afectado por una negativa de embarque, detallando la ruta, la fecha y la causa del incidente, con el propósito de fortalecer la supervisión regulatoria.
Uno de los cambios más relevantes consiste en elevar la indemnización mínima para los pasajeros afectados del veinticinco al cien por ciento del valor del boleto cuando exista una negativa de embarque atribuible a una excepción permitida por la ley.
Asimismo, la iniciativa deroga el actual artículo 52 Bis, que regula la búsqueda de voluntarios para ceder su asiento, y crea un nuevo artículo 52 Ter para prohibir expresamente la sobreventa sistemática como modelo de negocio.
El proyecto establece además un régimen de sanciones progresivas administradas por la AFAC.
Las primeras reincidencias podrían ser castigadas con multas equivalentes a cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) por cada pasajero afectado, mientras que las reincidencias posteriores duplicarían la sanción e implicarían auditorías obligatorias a los sistemas de reservaciones de las aerolíneas.
En materia comercial, la reforma también impediría cobrar tarifas diferenciadas únicamente por la ubicación del asiento —ventana, pasillo o asiento central— dentro de una misma clase tarifaria, salvo que exista un beneficio físico claramente verificable.
La propuesta fortalece igualmente las atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), facultándola para iniciar procedimientos de oficio contra concesionarios y permisionarios que incurran en prácticas de sobreventa y agilizar los mecanismos de conciliación en favor de los pasajeros.
En su argumentación, la diputada Giselle Arellano Ávila señala que México se encuentra rezagado frente a países como los integrantes de la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil y Argentina, donde existen regulaciones más estrictas y compensaciones considerablemente más altas para proteger los derechos de los usuarios del transporte aéreo.
De ser aprobada, la reforma modificaría uno de los aspectos operativos más sensibles de la aviación comercial mexicana, obligando a las aerolíneas a optimizar sus sistemas de administración de capacidad, fortalecer la transparencia tarifaria y priorizar el cumplimiento del contrato de transporte sobre los modelos comerciales basados en la sobreventa de boletos.
