Luego de que Donald Trump, presidente de EU, afirmó que el espacio aéreo de Venezuela estaba cerrado, el Gobierno del país sudamericano denunció ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) la “violación de su soberanía”, reveló el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán.
“El Estado venezolano, en el marco de su diplomacia de paz, ha denunciado por escrito ante la Organización de Aviación Civil Internacional, las graves amenazas contra nuestro espacio aéreo que atentan contra la seguridad en este hemisferio”, indicó el funcionario en un comunicado difundido en redes sociales, mismo que fue posteriormente eliminado.
En el mensaje, retomado por la agencia EFE, Velásquez Araguayán indicó que el presidente estadounidense avisó sorpresivamente el “supuesto cierre del espacio aéreo venezolano, sin tener la autoridad requerida para un anuncio de este tenor y sin basamento legal alguno”.
Agregó que dicha acción “constituye un caso de interferencia ilícita, tipificado como un grave delito en el anexo 17 del Convenio de Aviación Civil Internacional, al poner en peligro la seguridad operacional de la aviación mediante la difusión de información falsa”.
Solo la Autoridad Aeronáutica Nacional (INAC) tiene la facultad para regular el espacio aéreo venezolano.
La polémica se remonta desde el pasado 21 de noviembre, cuando la Agencia Federal de Aviación (FAA) emitió una advertencia de seguridad respecto al espacio aéreo venezolano, misma que siguieron aerolíneas como Iberia, TAP y LATAM, las cuales suspendieron sus vuelos al país.
En respuesta, Venezuela suspendió los derechos de tráfico bajo a seis operadoras (Iberia, TAP, Turkish, LATAM, Gol y Avianca) argumentando que se aliaron con Estados Unidos en un supuesto complot.
Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (que tiene una ruta a México) mantienen sus operaciones en Venezuela.
Por su parte, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) publicó un comunicado en el que afirma que las aerolíneas deben mantener la libertad de evaluar de manera individual los riesgos, incluidas las clausuras de espacio aéreo, protegiendo la seguridad de los pasajeros y la tripulación.
El organismo instó a los gobiernos y a las partes interesadas a respetar la responsabilidad de las aerolíneas de tomar “decisiones basadas en la seguridad, reforzando el principio de que, aunque los cielos deben permanecer abiertos, la seguridad y el cumplimiento legal deben prevalecer siempre”.
